España defenderá ante la UE que las empresas mineras sigan más allá del 2019
El ministro de Industria afirma que el objetivo es que el carbón siga siendo "importante" en el mix energético español
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado hoy en Burgos que el Gobierno español defenderá ante la UE que las empresas mineras del carbón sigan operando más allá del 1 de enero del 2019, aunque hayan recibido ayudas.
Soria, que ha participado en un desayuno informativo dentro del ciclo "Los encuentros de Radio Televisión de Castilla y León", ha sostenido que aunque la UE obliga a que sólo se puedan mantener a partir del 31 de diciembre de 2018 las empresas que no hayan recibido ayudas o las que las hayan devuelto, sería "absurdo", cerrar las que sean viables porque el dinero gastado en ayudas no serviría para nada.
En este sentido, ha asegurado que el objetivo del Gobierno es que el carbón siga siendo "importante" en el mix energético español, pero de una manera "eficiente y competitiva", sin necesidad de ayudas.
El ministro ha explicado que la actual situación del sector se originó en 1990, cuando el Gobierno comenzó su reestructuración y ha recordado que desde entonces se han destinado a la minería del carbón 22.000 millones en conceptos como formación, reestructuración de empresas, prejubilaciones y obras en las cuencas mineras.
Soria ha asegurado que el Gobierno seguirá dando ayudas a las "empresas competitivas", pero siempre que estas cumplan y no tengan deudas fiscales.
En este sentido, ha asegurado que "las ayudas se aportarán en cuanto se certifique que las empresas están al día" y ha sostenido que en este momento el Gobierno no contempla "ni el rescate ni la compra" de ninguna empresa minera.
El Supremo rechaza el recurso de la Xunta al Decreto del Carbón
El Tribunal Supremo ha decidido rechazare el recurso que la Xunta de Galicia presentó contra la norma que aprobó el Gobierno de socialista de José Luís Rodríguez Zapatero en 2010 en el que regulaba la quema de carbón nacional.
El alto tribunal ha declarado la inadmisión del recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación Comarcal de Afectados por el Decreto del Carbón. Los magistrados entienden que "han explicado y concretado en qué medida sus propios intereses podrían resultar no ya perjudicados sino meramente afectados".
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