El PSOE pide un plan que mitigue los despidos de la reestructuración bancaria

El Grupo Socialista en el Congreso ha registrado hoy una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a implantar una estrategia a cinco años para mitigar el impacto de la reestructuración bancaria en el empleo y mantener el mayor número de puestos de trabajo en el sector financiero.

En el mismo texto, los socialistas también urgen al Ejecutivo a que inicie un procedimiento a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para identificar a las personas engañadas en la comercialización de preferentes y deuda subordinada y que recuperen sus ahorros.

El portavoz de Economía, Valeriano Gómez, ha explicado que el objetivo de su iniciativa es reducir el número de despidos y comparó la actual situación del sector financiero español con las reconversiones industriales hechas en España en el pasado.

"Sabemos cómo se hace, cómo se minimizan los despidos. Sabemos que es fundamental un alto grado de diálogo entre trabajadores y empresarios", ha dicho.

El texto registrado por el PSOE pide dotar un fondo económico cuya cuantía no se especifica con el que promover la recolocación y acciones de formación y readaptación profesional de los empleados de las entidades financieras.

Por último, solicitan la creación de una comisión de seguimiento, que reporte información trimestralmente al Congreso, para velar por el cumplimiento de la estrategia.

El pasado miércoles Bruselas aprobó los plantes de reestructuración de las entidades nacionalizadas, que incluyen reducciones de plantilla y de la red de oficinas, entre otros ajustes.

Bankia tiene que prescindir de 6.000 trabajadores, NGC Banco de 2.500, mientras que en el caso de Catalunya Banc habrá que esperar a conocer qué entidad lo absorbe para saber el número de despidos.

En cuanto a la inversión en preferentes y deuda subordinada de las entidades, la propuesta de grupo socialista insta a que la CNMV elabore informes individuales para determinar la idoneidad de los inversores minoristas que adquirieron estos productos.

Si de este examen se determina que no tenían conocimiento real de en qué estaban invirtiendo su dinero, tendrán derecho a recuperar el cien por cien de lo invertido ya sea en dinero líquido o mediante un depósito con un plazo inferior a tres años.

El Plan de Bruselas exige que las entidades nacionalizadas apliquen una quita en el canje de preferentes, lo que impide recuperar toda la inversión.

Gómez ha denunciado que la comercialización de estos productos "ha bordeado la ilegalidad" y ha rechazado que una medida de esta naturaleza incumpla el memorando de entendimiento firmado entre España y la UE.

Asimismo, ha señalado que la CNMV es capaz de realizar el proceso de identificación de inversores engañados con una dotación de medios extraordinaria en unos dos o tres meses.

A modo de ejemplo, el portavoz socialista ha explicado que en el caso de que todos los inversores de estos productos tuvieran derecho a la devolución (algo improbable, ya que entre ellos también hay inversores profesionales), el montante ascendería a unos 11.000 millones de euros, cifra que equivale al 3 % de las ayudas públicas que ha recibido la banca (unos 370.000 millones).

Por último, los socialistas instan a que la Fiscalía General del Estado actúe para determinar si hubo fraude en la comercialización de esos títulos.