El Defensor del Pueblo reclama una moratoria hipotecaria y dación en pago en casos extraordinarios

La Defensora del Pueblo ha salido hoy en defensa de las familias perjudicadas por las deudas hipotecarias y ha arremetido contra el Banco de España y las entidades que han abusado de la confianza de sus clientes. María Luisa Cava de Llano, que ostenta el cargo de defensora en funciones, ha reclamado "ayudas excepcionales" para los afectados y un acuerdo político asumido por el sector bancario en el que se incluya, entre otras medidas, flexibilidad de las cuotas o moratoria en el pago.

El Banco de España fue el más criticado, ya que, según la defensora, "protege más a las entidades que a los ciudadanos". Cava de Llano ha hecho estas advertencias durante la presentación de un informe, que remitirá al Congreso de los Diputados, en el que se incluye una veintena de recomendaciones para reforzar la protección a los hipotecados.

El informe "Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo" apuesta por ese acuerdo político y plantea mejorar la información y la transparencia. Sugiere un tratamiento diferente para las adquisiciones de carácter necesario, como la vivienda habitual o los locales de negocio donde se ejerce la actividad que constituye el medio de vida, llegando incluso en los casos más extremos a la dación en pago o buscando soluciones -como el arrendamiento forzoso- que permitan la continuidad en la vivienda o en el local.

La institución estima que la actual legislación concursal no es adecuada para la tramitación de la insolvencia de los particulares, por lo que pide un procedimiento específico, con el que las familias queden liberadas de sus deudas tras el concurso, como ocurre con las empresas.

Además, la defensora del Pueblo exige al Banco de España que cambie de orientación y se implique en la protección de consumidores y usuarios. "Nos encontramos ante una situación excepcional, que merece respuestas excepcionales, aunque sea con carácter temporal. Porque, al igual que la inyección de liquidez a

las entidades de crédito está justificada en nombre del interés general afectado, también en la crisis de los particulares hipotecados está en juego la confianza en nuestro sistema financiero", expone.

El informe propone supresión de tasas, costas, moderación de cláusulas penales o la paralización del devengo de intereses durante el proceso, que contribuyan a superar las dificultades para atender los créditos pendientes de pago. También sugiere permitir el pago del capital antes que los

intereses para reducir la deuda que genera obligaciones accesorias.

Plantea crear mecanismos que faciliten un acuerdo entre las partes porque -explica- el objetivo es que el ciudadano sea escuchado, que los acreedores se sienten a negociar, "y evitar así la condena a la pobreza

e incluso a la exclusión social de miles de personas".

La defensora ha destacado la necesidad de establecer restricciones a la obligación de firmar un seguro cuando se adquiere el préstamos hipoteario con un grupo de la misma entidad bancaria, dejando abierta la posibilidad de hacerlo con otra compañía.

"Hemos recibido quejas de personas que han caído en desempleo y cuando han ido a hacer uso del derecho de su seguro, les han dicho que no es posible pagarles" porque una de las exigencias era tener un trabajo indefinido y no lo tiene, ha explicado tras recordar las reclamaciones de militares "que tampoco les cubre por ser profesiones de elevado riesgo".

Además, pide mejorar el sistema de subastas para que sea más accesible y hacer efectivo un asesoramiento técnico por parte de las entidades financieras y los notarios.