El Gobierno actuará con "la máxima exigencia" en el ERE de Telefónica

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que las Administraciones Públicas "exigirán el máximo" a las empresas a la hora de aplicar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). El líder socialista respondía así a una pregunta del diputado del Grupo Mixto Francisco Jorquera, en relación con la reciente decisión de Telefónica de despedir al 20% de su plantilla, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Jorquera ha criticado que Telefónica, la empresa española con mayores beneficios (más de 10.000 millones de euros en 2010) y que aprueba bonus para sus directivos de 450 millones, quiera eliminar más de 6.000 puestos de trabajo. Zapatero ha recordado la normativa laboral vigente para los ERE, incidiendo en que solo se pueden producir cuando la empresa vea peligrar su viabilidad por causas económicas.

Telefónica es "una empresa que tiene distintas divisiones, una en nuestro país y una internacional, y los datos de una situación y otra tienen que ser evaluados", ha dicho el mandatario, que también ha insistido en que los ERE han de ser acordados con los sindicatos o autorizados por la Administración, "lo que constituye una garantía para evitar abusos y permite a unos y a otros comprobar si la marcha futura de la empresa justifica" la adopción de esta medida. "Cuestión distinta es si las arcas públicas deben sufragar una parte importante de los costes cuando claramente la empresa dispone de recursos suficientes para asumir ese coste".

La compañía de telecomunicaciones está inmersa en un proceso de aplicación de un ERE para unos 6.500 empleados que finalmente le costará alrededor de 2.600 millones de euros, teniendo que asumir además de esa cantidad el coste de las prestaciones por desempleo de los trabajadores que sean despedidos. La operadora decidió hacerse cargo de esos costes como le pedía el Gobierno, pero pronto las empresas estarán obligadas a responsabilizarse de ese tipo de desembolsos cuando tengan recursos suficientes y a pesar de ello decidan aplicar un ERE.

Zapatero ha dicho que se va a impulsar una revisión normativa para evitar que las arcas públicas deban sufragar los gastos en estos casos, "con el fin de proteger los recursos públicos y asegurar que solo se producirá una reducción de plantilla cuando sea necesaria".

El presidente del Ejecutivo ha afirmado, en este sentido, que el objetivo de esas reformas es que, en épocas de crisis, los ERE de extinción de empleo se sustituyan "en lo posible" por otros tipos de expedientes como los de suspensión o reducción de jornada, un modelo que "se ha multiplicado por cuatro hasta suponer el 35% del total", según ha asegurado.