El Gobierno estudiará si en la multa a Telefónica ha habido un "trato discriminatorio"
La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, afirma que hasta que no reciba la comunicación oficial de Bruselas el Ejecutivo no hará valoraciones
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado hoy que el Ejecutivo estudiará con detenimiento la multa impuesta por la Comisión Europea a Telefónica una vez que reciba la comunicación oficial de Bruselas, para considerar si hubo un "trato discriminatorio" hacia la operadora española con respecto a otras empresas.
"Cuando la recibamos (la comunicación oficial de Bruselas), por supuesto que la estudiaremos con detenimiento para considerar si pudo haber trato discriminatorio con respecto a otros casos en otros países", ha indicado de la Vega durante su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros.
La vicepresidenta del Gobierno ha reiterado que el Ejecutivo procederá a estudiar el caso de Telefónica una vez que reciba el informe de la Comisión Europea, ya que "todavía es pronto para hacer valoraciones".
El pasado martes la Comisión Europea impuso una multa de 151,8 millones de euros a Telefónica por abuso de posición dominante en el mercado del ADSL entre los años 2001 y 2006, al considerar que cobraba a sus rivales precios excesivos por el alquiler de su infraestructura de red y les dejaba un margen de beneficios insuficiente para competir.
Por su parte, Telefónica confirmó que va a solicitar la anulación de la "inexplicable" decisión de Bruselas que considera "injustificada y desproporcionada", tanto en el plano jurídico como económico, y aseguró que ha cumplido "escrupulosamente" con la normativa vigente impuesta por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
La multa impuesta a la multinacional española es la más alta impuesta por el Ejecutivo comunitario a un operador de telecomunicaciones. Hasta ahora, Bruselas había sancionado a la francesa Wanadoo con 10,35 millones de euros y a la alemana Deutsche Telekom con 12,6 millones de euros por abuso de posición dominante en acceso a la red local y a Internet.
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