El Consejo de Ministros pone en marcha la agencia del alquiler

Tras varios meses de retrasos, el Gobierno ha decidido hoy en la reunión semanal del Consejo de Ministros poner en marcha la agencia pública del alquiler de vivienda, con la que pretende dar más seguridad a arrendadores y arrendatarios, mediando entre ambos.

El Ejecutivo, consciente de la dificultad para contener los precios de la vivienda, y con escasas competencias en su mano para promover directamente vivienda pública, que es el objetivo que persigue la Operación Campamento puesta en marcha en Madrid, intenta ahora paliar el problema que provocan los altos precios de la vivienda fomentando y dinamizando el mercado del alquiler.

En un sector inmobiliario dominado por la compra, y con la mayor tasa del mundo de viviendas en propiedad respecto al número de hogares (superior al 1,5), la agencia del alquiler servirá de intermediaria entre los propietarios, que a menudo prefieren dejar una vivienda que alquilarla para no hacer frente a los costes de desalojo de inquilinos morosos, y los inquilinos, cuya posición, garantizada por la Ley de Arrendamientos Urbanos, no siempre es respetada por los arrendadores.

Arancel único

Además, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno quiere acabar con la "maraña" de normas y tasas que cobran notarios y registradores cada vez que realizan su trabajo y pondrá en marcha un "arancel único" que sea más claro que todos los ciudadanos conozcan de antemano antes de realizar una gestión determinada.

Solbes ha asegurado que se trata de crear un nuevo arancel "muy clarito y público". "El ciudadano tiene que saber lo que le va a costar y, para ello, se trata de cambiar toda la maraña actual por un arancel claro", ha continuado. Economía ya trabaja en esta clarificación que, además, tratará de que el cobro por parte de notarios y registradores "sea proporcional al coste real de lo que hacen". En este sentido, fuentes de Economía explicaron que esa adecuación del arancel a la labor o la cuantía de las operaciones de las que notarios y registradores dan fe supondrá, "en muchos casos", una rebaja del precio para los ciudadanos.

Fuentes del sector de la vivienda han asegurado que la intención del Gobierno es rebajar los costes de determinadas operaciones, como por ejemplo los cambios o modificaciones de hipotecas, para contribuir así a dar más claridad y agilidad al mercado hipotecario español.