La oferta de Feiraco no logra parar el ERE en Clesa
Los trabajadores de la factoría láctea de Clesa en Caldas volvieron a vivir ayer una jornada de tensión tras conocerse el último auto del juez que tramita el concurso de acreedores de la empresa en el que anunció la extinción de los 140 puestos de trabajo. Una decisión que echa por tierra las buenas expectativas del comité de empresa cuando la semana pasada Feiraco presentó una ampliación del anterior plan de rescate. La empresa ofrecía una mayor inversión para el proyecto de viabilidad que había avalado la Consellería de Industria aunque no ha trascendido su cuantía definitiva.
En una reunión convocada de urgencia para analizar el auto judicial con el abogado de UGT, el comité de empresa de Clesa acordó solicitar una entrevista con el magistrado que instruye el proceso. Pretenden exigirle mayor celeridad en la venta de la empresa, tras comprobar que las medidas acordadas por el magistrado son anteriores a la última propuesta de Feiraco. "Esta situación no se comprende y nos está causando un enorme daño a los trabajadores y a la imagen de la factoría. Por eso queremos pedir que acabe de una vez la instrucción y decidan el futuro cuanto antes", reclama la portavoz de los trabajadores, Lola Ramos.
Malestar de la plantilla
El malestar de la plantilla no solo viene provocado por la demora de los tiempos judiciales y la falta de información por parte del juzgado. La descoordinación entre el juez y los administradores concursales ha encendido a los trabajadores. El auto revoca la última palabra dada por estos últimos, que habían descartado la ejecución del ERE extintivo. El personal admite que el despido puede seguir planeando hasta el final del proceso pero confían en el proyecto de las cooperativas lideradas por Feiraco.
La resolución judicial no solo cuestiona las ofertas de Feiraco y Lácteos Tambre sino que las califica como "meras intenciones" que no se acompañan de "reales y serias ofertas solventes para su efectiva ejecución". También sostiene el magistrado que la actividad que desarrollaba la empresa resulta "antieconómica desde hace años, lo que hace inviable la continuación de la actividad empresarial". Y establece las condiciones del despido con una indemnización de 20 días por 12 mensualidades y 1.300 euros de compensación adicional, equiparable a otras factorías del grupo también afectadas por el proceso concursal.
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