Estamos a tiempo

La UGT-PV lleva semanas celebrando asambleas en los centros de trabajo y en varias ciudades de la Comunidad, con la intención de movilizar a nuestras bases para que todos y todas seamos conscientes de que, sin una presión eficaz sobre el sistema político, las generaciones futuras no tendrán garantizado que los actuales recortes del gasto público no hagan desaparecer el Estado de bienestar.

Lo más irónico de la situación es que las recetas neoliberales, puestas en marcha por los Gobiernos europeos y que han dado prioridad a los intereses de los poderes económicos frente a los ciudadanos, están cosechando el más absoluto fracaso y, aunque no lo reconozcan ahora, deberán ser modificadas, puesto que no es sostenible el empobrecimiento y el desempleo generado por los recortes.

Nueva ironía: resulta que el inmovilismo de los Gobiernos para acometer la regulación de los mercados y los poderes financieros, que provocaron la crisis, desaparece a la hora de desmantelar, con toda la velocidad y agresividad posible, los sistemas de protección y cohesión social. Porque, en el fondo, no se trata más que de eso, la incapacidad de generar empleo de algunas economías avanzadas está empobreciendo a las capas sociales más modestas, a los trabajadores y trabajadoras, y para rematar la faena, se retira la red que podría hacer de parapeto.

Muchos de los corifeos de la Tea Party española piensan que una red de protección social es una pérdida de recursos, otros llegan más lejos, sin complejos, y piensan que una red de protección social privatizada es un negocio para la Bolsa y que el Estado debe ser pequeño, débil y sin apenas reglas de funcionamiento.

Pueden imaginarse un país de encanto donde los impuestos directos sean pasado, donde la progresividad se convierta en linealidad, donde el fraude se canonice, donde las empresas con multimillonarios beneficios no tributen y encontrarán los deseos de algunas personalidades de la política patria. La Sanidad, la Educación y las prestaciones sociales abandonarían el terreno de lo público y se instalarían en el coto privado del señorío y de la atronadora injusticia. ¿Y podremos seguirle llamando sociedad? ¿O será mejor llamarle mercado?

Un mercado no es más que el lugar donde público y productor se encuentran con el marchante en una comarca delimitada por el valor y el precio. Un lugar idílico en sí mismo, según estas lumbreras ultraliberales, un lugar que no precisa de regulación, vigilancia, ni supervisión. Un edén para el poder adquisitivo y los rentistas, cuyo poder de negociación está muy por encima de trabajadores y trabajadoras.

Para voltear esta situación hemos de reencontrarnos, redescubrir que no es cierto que la mayor parte de la población comparta este criterio mercantilista de la sociedad. El 57% de la ciudadanía desea que ningún servicio público sea gestionado o financiado por la iniciativa privada, el 64% cree que todos ellos son necesarios, un 75% está muy satisfecho con el sistema sanitario público, cifra similar de quienes respaldan las políticas públicas en educación e infraestructuras. Pues bien, hoy tenemos una oportunidad en las calles de Alicante, de Castellón y de Valencia para, junto al movimiento sindical, recordar que aún estamos a tiempo, que esta sociedad desea seguir manteniendo un Estado de bienestar sólido y sostenible, sin renunciar, por nada, a la cohesión social y territorial.

Conrado Hernández es secretario general de UGT-PV.