La falta de medios lastra la investigación del 'caso Astapa'

El caso Astapa es la hermana pobre de Malaya. La proyección de la operación Malaya, centrada en el ex asesor de urbanismo de Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, y con Jesús Gil y Gil como trasfondo, consiguió que las administraciones no escatimaran en medios (cajas fuertes para el juzgado, funcionarios de apoyo en comisión de servicio, etcétera) que agilizaron su compleja instrucción. En el caso Astapa, centrado en el Ayuntamiento de la población vecina de Estepona y con 99 implicados, no está siendo igual. Sus investigadores están pasando verdaderos apuros para sacarlo adelante y, cuatro años después del inicio de las pesquisas, queda un largo camino por recorrer.

Las diligencias de esta macrocausa han dejado de estar secretas esta semana a pesar de que el juez Jesús Torres reconoció en junio que todavía quedaban 150 cajas de documentación pendientes de analizar. En su auto, el instructor da por delitimitadas "las líneas de investigación" de esta compleja causa y no oculta que ya resultaba "imperioso" permitir el acceso a las diligencias, dado el tiempo que ha pasado desde que comenzó la investigación.

En junio faltaban por analizar 150 cajas de documentos intervenidos

La parte del sumario a la que los implicados pueden acceder evidencia los escollos con los que han topado los investigadores. Por ejemplo, en junio de 2009 -un año después de que fuera detenido el exalcalde Antonio Barrientos (PSOE) y otras 24 personas más, entre concejales, altos cargos municipales y empresarios- todavía continuaban sin abrir 150 cajas de documentación que habían intervenido en los registros.

La Agencia Tributaria se negó a escanearla para poder empezar a trabajar con ella, ya que consideraba que esa petición excedía "su obligación legal de colaborar y auxiliar a la Administración de Justicia". La instructora de entonces, la juez Virtudes Molina, solicitó a la delegación de Justicia de la Junta de Andalucía medios "económicos, materiales y personales" para informatizar la documentación de forma urgente. "De lo contrario, difícilmente podrá avanzar la investigación policial y de los peritos judiciales", contemplaba la juez en una providencia. Fuentes judiciales aseguran que nunca recibieron respuesta a esas peticiones, por lo que la información ha terminado por procesarse "de forma artesanal".

El examen de los convenios urbanísticos, encargado a la Agencia Tributaria, también está resultando muy lento. Hasta el momento, los peritos han evaluado siete de estos acuerdos de la treintena que hay baja sospecha, aseguran fuentes cercanas al caso. Tampoco se han incorporado al sumario los informes patrimoniales de los implicados.

En el caso Astapa trabajan en exclusiva dos grupos policiales de Madrid, con unas 15 personas. Además, el juzgado ha encargado a tres peritos de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía que analicen los expedientes urbanísticos abiertos por el Ayuntamiento de Estepona entre 2003 y 2008. Su misión es detectar posibles irregularidades en la tramitación, como paralizaciones sin justificar o resoluciones no ejecutadas.

En últimos tres meses, el juez Jesús Torres ha intensificado las actuaciones. Entre junio y agosto tomó declaración a 26 nuevos imputados y a testigos. También culminó los trámites para reclamar información de los implicados a las autoridades de Andorra, Reino Unido, Marruecos y República Checa.

El esfuerzo ha servido para que el juez de por "marcadas" todas las direcciones de una investigación que, según el instructor, confluyen en un punto común: los delitos contra la Administración Pública y en el entorno del Ayuntamiento de Estepona.