Protesta en Chile

El presidente chileno, Sebastián Piñera, tiene motivos para preguntarse qué es lo que está pasando. Los datos macroeconómicos siguen boyantes: Chile, con más de 10.000 euros de renta per capita -récord latinoamericano- no sufre la crisis del Primer Mundo y, sin embargo, la nación está inquieta, los índices de popularidad presidencial han caído vertiginosamente y, sobre todo, la juventud que estudia lleva semanas en la calle exigiendo enseñanza pública de calidad y gratuita. Los dirigentes estudiantiles amenazan con exigir la celebración de una consulta, plebiscito lo llaman, para que la ciudadanía les dé -que es muy probable que se la diera- la razón. Para una Administración de la derecha ilustrada, como quiere ser la de Piñera, muy volcada en lo que en el país llama exitismo, la protesta es un desastre.

El martes pasado una gran manifestación transversal -no solo de estudiantes- recorrió las calles de Santiago. El número de asistentes osciló entre los 40.000 de la alcaldía -oficialista- y los 150.000 de los organizadores, pero la capital chilena vivió intensamente la protesta. Tanto, dicen fuentes del Ministerio del Interior, que al final de la misma, bandas de encapuchados incendiaron automóviles, destruyeron paradas de transporte público que utilizaron como barricadas y se produjeron enfrentamientos con la policía -hubo 300 detenidos y docenas de heridos-. De eso se valen tales fuentes para acusar a los estudiantes de incapacidad para controlar la protesta, lo que es casi como pedirles que se dediquen solo a estudiar. Algo cuestionable, porque ninguna protesta, por cívica que sea, está al abrigo de su utilización por grupos de desaprensivos.

El movimiento es muy concreto en sus demandas: que el Estado vele por la enseñanza a todos los niveles y no se deje como ahora una parte bajo el control únicamente municipal y, ya puestos a pedir, que se prohíba el lucro en las instituciones de enseñanza privadas. Pero hay un fondo no solo de justicia sino de acierto material en las demandas de la juventud. Una enseñanza pública, de calidad y gratuita, compatible con la competencia que la iniciativa privada pueda establecer, es la mejor garantía para una nación próspera en democracia. Y si ahora los números lo permiten, ¿por qué no atender todo lo que sea realista con esas demandas?