Política bajo fianza

"Los hechos que indiciariamente se atribuyen a los acusados no consisten en la mera aceptación de un único regalo que se les hubiera podido ofrecer ocasionalmente por alguien, sino que lo que parece desprenderse de las actuaciones es que esas personas encargaron personalmente en distintos lugares y en diferentes ocasiones varias prendas de vestir a medida y algún otro objeto, que eligieron, sin pagar su precio ni en el momento del encargo ni en el momento de la recepción, aceptando, en definitiva, que ese precio fuera satisfecho por un tercero que, además, estaba interesado en la adjudicación de contratos por parte de la Administración de la Generalitat Valenciana". El juez José Flors, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se expresa con bastante claridad al describir, en el auto que envía a juicio a Francisco Camps y otros tres cargos del Consell y el PP, de qué estamos hablando cuando hablamos de cohecho.

Contra los esfuerzos de la portavoz del Gobierno valenciano, Lola Johnson, y de otros miembros del Consell, la resolución judicial que se hizo pública ayer no es un "trámite". No lo es porque sentar en el banquillo a cualquier ciudadano nunca es un trámite y menos aún porque el principal imputado en el denominado caso de los trajes es el presidente de la Generalitat Valenciana. Tampoco lo es porque el asunto forma parte de una compleja investigación judicial sobre las actividades de una trama de corrupción que, en su variante valenciana, parasitó las instituciones autonómicas y hasta financió de forma irregular al partido gobernante. ¿Cómo puede considerar alguien un hecho trivial que el jefe de un Gobierno se siente ante un jurado popular acusado de haberse dejado sobornar en el caso Gürtel? Hablo de un hecho porque Camps será juzgado sí o sí. Ya no se trata de una hipótesis, ni de una "contingencia judicial", según una expresión que ha usado alguna vez el portavoz popular en las Cortes Valencianas.

Obligado a depositar una fianza de 55.000 euros para garantizar el pago de la sanción económica a la que puede ser condenado, Camps todavía apela a los votos que le han llevado a su tercer mandato. Fíjense bien: primero tenía su palabra ("yo me pago mis trajes"), después era un asunto que no llegaría a mayores (seguramente de eso estuvo hablando Federico Trillo con el propietario de la tienda de vestir unos días antes de que un informático recibiera orden de manipular la contabilidad referida a las prendas servidas al presidente valenciano), más tarde había que respetar la presunción de inocencia (como hay que seguir haciendo hasta el final) y ahora queda el aval electoral. Toda la resistencia numantina del jefe del Consell se ha ido desarbolando inexorablemente ante los ojos atónitos de España y parte del extranjero. La política valenciana entra en una fase crítica con ese auto judicial que le hace un traje a Camps.