O cuotas o paciencia

La escasa presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas españolas es un hecho que no parece corregirse con el paso del tiempo ni con las medidas de estímulo de la participación femenina en la dirección de las compañías que el Gobierno de Rodríguez Zapatero aplicó casi inmediatamente desde 2004. Los números dicen que la participación femenina sigue siendo escasa (apenas el 11% de los sillones de consejeros de administración en el Ibex está ocupado por mujeres), si bien el punto de partida, en 2002, presentaba niveles irrisorios (el 2%). En las cotizadas en el Ibex apenas se cuentan dos mujeres que sean consejeras ejecutivas en sus sociedades (Ana Patricia Botín y María Dolores Dancausa, en Banco de Santander y Bankinter, respectivamente) a pesar de las esperanzas puestas en la Ley de Igualdad, cuyo objetivo era elevar el número de mujeres en los consejos de administración hasta el 40% en 2015. Es evidente que ese porcentaje no se va a conseguir, por lo cual hay que concluir que los incentivos a la participación de la mujer en los órganos de decisión empresarial no funcionan. Y eso es aplicable no solo a España, sino a casi todos los países europeos, con excepción de Noruega.

Para explicar este fracaso relativo se pueden explorar muchas causas, desde la apelación al cliché tradicional del mando como privilegio masculino hasta la pervivencia de patrones de conducta que empujan a la mujer hacia el hogar. Casi todas las explicaciones, incluso las psicológicas, son parcialmente correctas e irremediablemente pobres. En cualquier caso, desde la perspectiva política no parece necesario especular obsesivamente sobre esas causas. Baste saber que los cambios en la gestión corporativa implican siempre serias resistencias por parte de los poderes internos dentro de las empresas y que no es posible vencerlas con meras recomendaciones. Para que se comprenda mejor el tablero donde se juega el empeño por aumentar el papel femenino en los órganos de dirección, recuérdese que otras iniciativas de buen gobierno corporativo, como la presencia dominante de consejeros independientes (de los de verdad, no los que nombran los directivos para asegurarse las mayorías) o la constitución de comisiones de retribución al resguardo del poder de los directivos, han fracasado en igual o incluso mayor proporción que la reivindicación femenina.

Por tanto, la cuestión es si la presencia de las mujeres en los consejos podrá aumentarse alguna vez con disposiciones blandas, de consenso entre partidos, instituciones y compañías, que acaban en el canal de simples sugerencias, o si sería necesario recurrir al procedimiento de las cuotas obligatorias. El debate tiene perfiles delicados, porque las empresas se resisten a perder autonomía. La intensidad de esa resistencia se aprecia en las dificultades que tiene Vivianne Reding, vicepresidenta de la Comisión, para articular una directiva de igualdad que eleve progresivamente en Europa el número de consejeras. A pesar de que, muy voluntariosamente, ha debatido los términos generales de la futura directiva con entidades financieras y grandes empresas, está por ver que pueda imponer cuotas de participación femenina a cambio de sanciones en la futura directiva.