Cajastur desoye a Cascos y aprueba culminar su fusión

La asamblea de Cajastur decidió ayer, con el respaldo del 88,32% de los votos, culminar su proceso de integración con Caja Extremadura y Caja Cantabria. De esta forma el máximo órgano decisorio de la caja asturiana desoyó los repetidos requerimientos del casi seguro próximo presidente de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, quien había instado de forma persistente en las últimas semanas al máximo órgano de la entidad a paralizar la fusión.

La escisión y segregación de la totalidad de los activos financieros de Cajastur y su traspaso al Banco Effibank (que actuará como sociedad central de la fusión) tuvo el respaldo de 227 de los 257 consejeros generales que acudieron al cónclave, tres abstenciones y 27 noes. El rechazo procedió casi en su totalidad de los representantes de los empleados y de siete consejeros generales afines al FAC, el partido casquista. La operación, que precisaba el apoyo del 66% de la asamblea, contó así con el respaldo del 88,32%. En la asamblea del 4 de mayo que había aprobado el proyecto de fusión el respaldo había sido del 88,8%.

La operación queda ahora solo pendiente de que las asambleas de las cajas extremeña y cántabra también aprueben hoy la segregación de sus activos y su transferencia al banco, cuya junta general de accionistas pretende aprobar también hoy con ese fin una ampliación de capital.

Effibank (del que Cajastur tiene el 66%; Caja Extremadura, el 20%, y Caja Cantabria, el 14%) acometerá una primera ampliación de capital por un importe de 2.662,2 millones para intercambiar, en esas proporciones, por los activos financieros que reciba de las tres cajas. Posteriormente prevé realizar una segunda emisión de títulos para captar antes del 30 de septiembre otros 519 millones para dar entrada a capital privado bien mediante una colocación directa de títulos a inversores o una oferta pública en Bolsa. Con ello prevé recapitalizarse sin acudir a recursos públicos. El grupo tiene un coeficiente de capital principal sobre activos de riesgo del 8,4%, cuatro décimas superior al que se exige a los bancos pero 1,6 puntos inferior al que la norma española impone a las cajas de ahorros.