Los límites del Gobierno

El Gobierno salvó ayer en el último suspiro el decreto de negociación colectiva que incluye las modificaciones establecidas en el Consejo de Ministros del pasado 10 de junio. La abstención de CiU y PNV, después de horas de negociación que presagiaban un no rotundo, permitió aprobar la norma con los votos del PSOE y a partir de este momento se tramitará como proyecto de ley para permitir que se incorporen los acuerdos (si los hay) entre empresarios y sindicatos, o los que puedan cuajar con los partidos políticos. Las vicisitudes de la negociación colectiva ilustran la debilidad parlamentaria del Gobierno. No hay razón para que un Ejecutivo adelante las elecciones siempre y cuando disponga de estabilidad en las Cámaras; pero las reticencias de CiU y PNV avanzan una etapa parlamentaria tormentosa en la que no se garantiza que el PSOE pueda gobernar hasta marzo de 2012.

El problema del trámite parlamentario de la nueva negociación colectiva es que ningún grupo supo analizar el contenido del decreto en función de los objetivos que persigue, es decir, el de flexibilizar las relaciones entre trabajadores y empresarios para ajustar los costes salariales y la carga de trabajo en función de la situación objetiva de la empresa. Quienes se oponen al decreto esgrimieron argumentos retóricos (según el PP, el principal problema del decreto es el "espectáculo" que ha dado el Gobierno en la negociación con PNV y CiU) y los que dudaban sobre su posición lo hacían porque en él los convenios estatales prevalecen sobre los autonómicos. Sin embargo, el proyecto responde a tres necesidades objetivas: era necesario dar una respuesta a quienes piden, dentro y fuera de España, una reforma de los convenios para que deje de ser un freno a la supervivencia de las empresas; era urgente moderar la ultraactividad de los convenios y era necesario flexibilizar las cláusulas de descuelgue, para que los convenios de empresa tengan preeminencia sobre los sectoriales o territoriales.

Visto desde esta perspectiva, el decreto que se convertirá en proyecto de ley parece más bien una norma transitoria, mejor que la legislación anterior, pero lejos de las expectativas de quienes entienden que debe acabarse radicalmente con la ultraactividad de los convenios para crear empleo y que el contrato fijo con 20 días de despido es la única solución para ello. La transitoriedad se manifiesta además por la convicción general de que el PP, si llega a gobernar, actuará en línea con las exigencias de la CEOE en materia de negociación colectiva.

El ministro de Trabajo, agobiado además por la petición del FMI para que España abarate el coste del despido y vincule el crecimiento salarial a la productividad, tampoco aclaró ayer las dudas sobre la posible inconstitucionalidad del arbitraje obligatorio. Pero sí dejó claro que las peticiones del Fondo no son la opción del Gobierno en los próximos meses. Al menos, la sociedad española tiene muy claro cuáles son los límites de este Ejecutivo.