Los agricultores, divididos ante el nuevo fallo judicial

Las organizaciones agrarias no están de acuerdo sobre qué fórmula es la mejor para gestionar el Guadalquivir. UPA volvió a apostar ayer por la creación de la Agencia Estatal Intercomunitaria. Según Agustín Rodríguez, secretario regional de UPA, sería "la única vía que permitiría de forma rápida, y bajo el cumplimiento de las sentencias del Constitucional y el Supremo, que Andalucía gestionase el Guadalquivir".

Por su parte, la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) exigió el cumplimiento de las sentencias del Constitucional y del Supremo que, a su juicio, pasa por un modelo de gestión de las políticas hidráulicas para toda España basado en el principio de unidad de cuenca. Según su presidenta, Margarita Bustamante, la Junta y el Gobierno "no parecen asumir que la única opción posible es la devolución de las competencias al Estado".

En parecidos términos, Asaja reiteró el llamamiento a la Junta para que renuncie de una vez a gestionar el Guadalquivir. "Ya advertimos de que el agua debía de ser un asunto de Estado y ahora la Justicia nos vuelve a dar la razón", dijo ayer Luis Carlos Valero, portavoz de Asaja en Jaén, para quien la encomienda de gestión firmada entre la Junta y el Ministerio no tiene validez.

Además, Asaja ha puesto a disposición de los regantes de la provincia sus servicios jurídicos para reclamar a la Junta los cánones de agua cobrados por la Agencia Andaluza del Agua, y pedir que deje sin efecto las sanciones interpuestas por el organismo, al no tener competencias sobre ello. La UPA también está a disposición de sus socios para reclamar por los actos "negativos" dictados durante los dos últimos años por la Junta.