Respaldo al exconsejero Fernández

La tormenta judicial que soporta la Junta con el caso de los ERE fraudulentos arreció ayer al trascender la investigación que la juez Mercedes Alaya ha ordenado sobre el patrimonio del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y sus familiares. La magistrada ordenó la investigación patrimonial en un auto firmado el pasado 16 de abril, pero hasta el pasado martes, en plena campaña electoral, no se lo comunicó a las partes.

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, declaró que confía "totalmente" en la inocencia de Fernández, imputado de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación en la causa. Griñán evitó pronunciarse al respecto tras alegar que las discrepancias con la juez del caso han de ser contestadas en términos jurídicos y no políticos. El respaldo del Gobierno a los dos exconsejeros de Empleo que en 2001 dieron vía libre a las ayudas para las empresas en crisis, Antonio Fernández y José Antonio Viera, ha sido firme de momento. La Junta ha fijado la línea roja de las responsabilidades por las irregularidades destapadas (72 intrusos, 111 discrepancias administrativas y unos nueve millones defraudados) en el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero.

Mientras, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, anunció ayer que volverá a pedir una comisión de investigación sobre los ERE en el Parlamento. "Es necesario conocer el destino final y caprichoso de los fondos utilizados", afirmó en Olvera (Cádiz). Arenas denuncia que el dinero se ha destinado a cuestiones "que nada tienen que ver con el empleo y con el paro". "Hay que proteger de forma muy especial a los trabajadores que tenían derecho y que fueron de buena fe a las prejubilaciones", añadió Arenas sobre las protestas de ayer.