Recortes en salud: una alarma innecesaria

El presupuesto del Departamento de Salud centra todos los debates políticos y técnicos del país. Hemos observado con indignación cómo se confunde a ciudadanos y profesionales. La solución de todos los males no es asfixiar al sector público, lo que abrirá la puerta a que el privado gane peso cubriendo las carencias causadas en los servicios a las personas. Todas las medidas adoptadas por el anterior Gobierno, heredadas por el actual, ahorraron en 2010 230 millones de euros al sistema. El impacto para este año asciende a 500 millones. Fueron medidas duras, pero las asumimos con el compromiso de mantener la calidad del sistema gracias a unos profesionales que entendieron la necesidad de los sacrificios.

Al Gobierno actual le hemos hecho el trabajo sucio. Nadie mejor que el Gobierno anterior es capaz de entender la situación. Trabajamos duramente y sin centrifugar responsabilidades. El único culpable es la disminución de los ingresos públicos causada por la crisis. Diseñamos junto a profesionales, ciudadanos, patronales, sindicatos, ayuntamientos y fuerzas políticas los instrumentos necesarios para impulsar los cambios estructurales que precisa el sistema. Y todo ello ha permitido mantener los últimos tres años un coste prácticamente estable por ciudadano: 1.300 euros al año.

Con las medidas heredadas, el actual Gobierno necesita 500 millones adicionales, que pueden obtenerse vía ahorro o aumentando los ingresos. Lo mejor es una justa combinación. Los gerentes han dicho que pueden disminuir sus presupuestos entre un 4% y un 5%, lo que supondría unos 300 millones. Seguir con los planes de racionalización de la medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria permitirá ahorrar otros 100 millones. Permitir al ICS facturar sus servicios a las mutuas daría más de 100 millones al año. Desarrollar el convenio de salud laboral que se firmó con el Ministerio de Trabajo en 2009 permitirá aflorar otros 200 millones.

Otras medidas, como la historia clínica compartida o la ordenación de la alta complejidad, muy centrada en el área metropolitana, permitirá racionalizar también su coste. Y si se logra cobrar la actividad realizada a pacientes de otras comunidades (60 millones) y se regulan mejor los fondos de cohesión del Estado, no había ninguna necesidad de generar este alarmismo.

Con estos instrumentos, y sin recortar por recortar, podemos avanzar sin provocar fracturas territoriales, y seguir así garantizando que el sistema ayude a la cohesión del país. Ojala hubiéramos recibido en 2003 esta herencia. Necesitamos ahora y en el futuro, más humildad de nuestros gobernantes y mucho más respeto hacia todos los que han hecho posible uno de los mejores sistemas del mundo.

Josep Maria Sabaté es diputado del PSC.