"La política de Andalucía en el Guadalquivir se ha demostrado más eficiente y sostenible"

La Consejería andaluza de Medio Ambiente está digiriendo el fallo del Constitucional que anula el artículo 51 del Estatuto regional, que permitió la transferencia de las competencias sobre el Guadalquivir en enero de 2009. El consejero José Juan Díaz Trillo apuesta por una rápida solución política para evitar "incertidumbres".

Pregunta. En la sentencia se sostiene que el Estatuto ha fragmentado la unidad de cuenca.

Respuesta. La unidad de cuenca no está fragmentada. En el Guadalquivir está garantizada la planificación y la participación en las grandes decisiones que se toman a través del Comité de Autoridades de la Confederación Hidrográfica, que es responsable de llevar a cabo una planificación nacional. En los dos últimos años hemos sido escrupulosamente respetuosos con la opinión, la participación y los derechos de otras comunidades.

P. ¿Qué pasos inmediatos va a dar ahora la Junta?

R. Lo inmediato es convocar la comisión bilateral de transferencias con el Gobierno. Y el presidente andaluz se reúne el lunes con el presidente Zapatero para trasladar las soluciones y las propuestas de Andalucía, que nacen del consenso del Estatuto, que tuvo un apoyo político unánime, que fue aprobado por el pueblo andaluz en 2007 y que ratificó el Congreso de los Diputados.

P. ¿Por qué se empeñó Andalucía en asumir esas competencias?

R. Porque creemos, y así se ha puesto de manifiesto en los dos últimos años, que la competencia desde Andalucía ha dado al agua una mayor cercanía y ha modernizado las infraestructuras. Y, desde el punto de vista medioambiental, los criterios de sostenibilidad se han mantenido. La política en manos de la Junta se ha demostrado no solo ser más cercana, sino más eficiente y más sostenible. Es un buen camino y ha sido el que se ha seguido en otras competencias que a lo largo de la historia hemos ido asumiendo. Si somos capaces de hacer una buena política de educación y de salud está claro que con las aguas ocurre lo mismo. La gestión en estos dos últimos años del Guadalquivir se merece un notable.

P. ¿Ha sido mejor que cuando estaba en manos del Gobierno?

R. No me gustaría hacer comparaciones. Las circunstancias son distintas, pero creo que se ha ganado en proximidad y en eficiencia. Los sectores agrícolas, industriales y turísticos en estos dos años han manifestado un apoyo decidido. El Guadalquivir ocupa la mitad de Andalucía, en territorio y en población. Un 90,22% de la cuenca está en Andalucía. Y, respecto a los usos del agua, el 99,17% son andaluces. El 99,3% de la capacidad de los embalses está en la comunidad. El 100% de tronco del río es andaluz y los afluentes también son andaluces.

P. ¿Eran conscientes de que se estaba rozando la inconstitucionalidad en el Estatuto?

R. Creo que el Estatuto y el artículo 51 tienen una redacción exquisita desde el punto de vista constitucional. Otra cosa es que el tribunal haya dicho que es nulo. Pero se refiere a las competencias sobre las aguas que transcurren solo por Andalucía. La parte de Extremadura es aguas arriba y no hay ninguna decisión en Andalucía que vaya a alterar las condiciones ni los usos del Guadalquivir en aquella zona.

P. ¿Qué salida plantean ahora?

R. El diálogo. Debemos encontrar soluciones porque entendemos que hay margen legal. Y el artículo 150 de la Constitución permite llegar a una solución que satisfaga los intereses legítimos de Extremadura, pero también los nuestros.