El Supremo rechaza todas las pruebas de Garzón en dos de las tres causas abiertas

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha vuelto a rechazar otro recurso del juez Baltasar Garzón en el caso de los cursos impartidos en Nueva York, esta vez contra la solicitud de pruebas documentales y testificales, que ha considerado "innecesarias". El recurso del juez suspendido de funciones había sido apoyado por el ministerio fiscal.

Garzón propuso al instructor Manuel Marchena que se utilizasen los cauces del derecho internacional para que a través de una comisión rogatoria a Estados Unidos se aportasen los soportes documentales de sus nóminas. El instructor lo rechazó y ahora la Sala Penal ha ratificado una vez más todas las decisiones del juez Marchena.

La Sala parte de la premisa de que no se trata de realizar una "investigación exhaustiva" en esta "fase previa" de la investigación, sino solo la práctica de las "diligencias imprescindibles". Desde la reapertura de la causa, hace ahora año y medio, Marchena ha considerado "imprescindible" tomar declaración a cuantos banqueros y empresarios ha querido llamar la acusación popular, entre ellos Emilio Botín, Alfredo Sáenz, Francisco González o Carlos Pérez de Bricio, además de requerir numerosa documentación a la Universidad de Nueva York, y haber investigado el patrimonio de Garzón y de su mujer.

El alto tribunal dice que "la diligencia solicitada no resulta imprescindible"

El Supremo rechaza pedir los soportes de las nóminas con los que el juez pretende demostrar todas sus percepciones en la Universidad de Nueva York (UNY), porque "la diligencia solicitada no resulta imprescindible".

En cuanto a las pruebas testificales ante una comisión rogatoria internacional, que Garzón consideraba trascendentales para su defensa, la Sala las rechaza también. Garzón había propuesto que la comisión rogatoria tomase declaración en Estados Unidos a Karen Greenberg, directora de la Universidad de Nueva York (UNY); James Fernández, director del Centro Rey Juan Carlos I de la UNY hasta 2007; Joe Labanyi, directora del Centro Rey Juan Carlos I desde 2007, y Nancy Kilson, directora del departamento de asuntos jurídicos de la UNY. Según la Sala de apelación, estos testigos no van a aportar nada "sustancialmente diferente" a lo que ya han declarado por escrito. Fuentes próximas a Garzón aseguran que la Sala "ni se ha leído el recurso", ya que lo declarado por estas personas se refiere a los Diálogos Transatlánticos, financiados por el Santander, y el recurso pretendía que declarasen sobre los cursos Terrorismo y Seguridad, financiados por Telefónica, BBVA, Endesa y Cepsa, a los que Marchena extendió el proceso.

Por su parte, el juez instructor de las escuchas del caso Gürtel, Alberto Jorge Barreiro, desestimó ayer otro recurso en el que Garzón pedía una serie de diligencias de prueba, porque no cree que sirvan "para evitar o excluir indicios delictivos".

Barreiro, que da ya prácticamente por condenado a Garzón, considera inútil practicar más pruebas dado que las grabaciones a los cabecillas de la Gürtel fueron "manifiestamente injustas por vulnerar de forma ostensible derechos fundamentales de los presos encausados y de sus letrados".