Mas pone a los juzgados al borde del colapso al no cubrir plazas vacantes
El recorte de gastos deja sin sustitutos 259 puestos de trabajo

Llueve sobre mojado en la justicia catalana. Los recortes aplicados por el Gobierno de Artur Mas han sobrecargado aún más el trabajo de los juzgados, que en 9 de cada 10 casos se encuentran ya saturados, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Las 259 plazas vacantes de funcionarios que el Departamento de Justicia no está cubriendo para ahorrar gastos han llevado a algunos juzgados, como el de Reus, a suspender la atención al público. Pero las consecuencias para los ciudadanos van más allá: a medio plazo, y si nadie lo remedia, habrá multitud de juicios suspendidos y los retrasos serán generalizados.
Eso opinan los sindicatos de justicia y los jueces, que coinciden al dibujar un horizonte funesto: sostienen que hay riesgo de llegar al colapso. Admiten que el exceso de burocracia y la rigidez organizativa lastran el buen engranaje de la justicia. Pero declaran a la Generalitat culpable de agravar el problema con el tijeretazo. "Al ritmo actual, en dos meses habrá muchos más casos como el de Reus", afirma Sergio Silva, del sindicato CSIF, en alusión al juzgado penal número 1 de esa ciudad, que dejó de atender al público por falta de personal.
Justicia asegura que cubrirá el 50% de las vacantes para los casos más graves
La justicia catalana "está abocada a una situación insostenible si se mantiene la actual limitación de cobertura de vacantes", aseguró hace unos días Miguel Ángel Gimeno, presidente del TSJC. Gimeno instó al Gobierno a "adecuar las políticas de contención del gasto a la situación de interinidad" de la justicia y advirtió de que "por debajo de unos mínimos es imposible" que los juzgados funcionen.
La falta de medios humanos y materiales es un problema viejo, pero el Ejecutivo de Mas lo ha agravado. Un total de 7.268 personas trabajan en la Administración de justicia en Cataluña. De estos, 2.231 (casi el 30%) son interinos, o sea, personal contratado para reemplazar a funcionarios de baja o a aquellos que han ganado plaza en otros destinos. En enero, el Gobierno decidió que no cubriría las plazas que quedasen vacantes.
Pero sobrevino una situación crítica que le obligó a cambiar de parecer. Unos 250 agentes del cuerpo de auxilio judicial -encargados de tramitar el correo o citar a los testigos- dejaron su puesto tras aprobar una oposición. Los auxilios son, junto con los tramitadores y gestores, una de las tres clases de funcionarios que dan apoyo a los jueces. "De los 28 penales de Barcelona, nueve se quedaron sin auxilio durante mes y medio", afirma Xavier Paulí, juez penal de Barcelona. En cada uno de esos juzgados dejaron de recibirse 25 expedientes.
La Generalitat rectificó y autorizó cubrir el 50% de esas plazas. Lo hará efectivamente en los próximos días, según la secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia, Carme Virgili. Esta misma semana, el departamento nombrará a 40 interinos. "No llegaremos al 50%; queremos reservarnos un pequeño colchón para atender los casos más urgentes". Los sindicatos sospechan que el objetivo es lograr un ahorro del 10% en el personal, sea como sea. La merma de personal, en todo caso, llega a unos juzgados ya infradotados -algunos cuentan con la mitad de la plantilla que tienen asignada- y en un contexto de aumento de los litigios por la crisis económica.
Justicia afirma que desconoce el número de juicios que se han suspendido por la falta de personal, aunque la consejera, Pilar Fernández Bozal, cree que la cifra es "anecdótica". Al menos, por ahora. Los sindicatos advierten de otras consecuencias: los retrasos acumulados, sobre todo en los juzgados penales y en la ejecución de las sentencias que dictan los jueces.El Departamento de Justicia admite que los juzgados penales (sobre todo, los de Barcelona) son los que pasan por una situación más grave. El recorte de personal también está azotando especialmente a los juzgados pequeños, que en algunos casos cuentan con solo uno o dos funcionarios. Si, por la circunstancia que sea, ese funcionario falla, el juzgado queda desatendido. Virgili asegura que el departamento actuará también en los juzgados de paz, ya que "algunos de ellos se han quedado sin nadie".
Los problemas se dan tanto en las tramitaciones (que acumulan demoras importantes) como en las ejecuciones de lo que decide el juez. Cuesta dar salida a los asuntos. Esto tampoco es nuevo, pero la falta de personal también ha subrayado el problema. Justicia, sin embargo, afirma que puede medir las consecuencias de los recortes en el funcionamiento de los juzgados.
El elevado número de interinos (30%) tampoco ayuda, ya que necesitan ser formados y consumen tiempo de trabajo de los funcionarios. En el juzgado de lo social número 6 de Barcelona había ocho funcionarios. En la actualidad, quedan solo cuatro. Y dos se marcharán porque se les ha adjudicado una plaza por oposición. Y en la sección novena, casi todos los trabajadores son interinos, según el CSIF.
Los sindicatos denuncian que Justicia eliminará casi 300 contratos de "refuerzo" que terminan este mes, aunque Virgili asegura que el departamento "tiene autorización para cubrir el 50%. Los refuerzos son para casos concretos; aquí se hace por norma", dice Silva. La secretaria admite que algunas de las plazas "son más bien estructurales"; es decir, que no son lujos, sino necesidades.
Los recortes afectan también a la fiscalía, que ha planteado reducir servicios "territoriales", y a los abogados del turno de oficio, que pueden ver empeoradas las condiones en las que trabajan.
Obligada a apretarse el cinturón y, al mismo tiempo, forzada a dar respuesta a los problemas de la justicia, la consejera Fernández Bozal apuesta por dos vías. Una, más inmediata, pasa por reorganizar el trabajo, de forma que se pueda mover personal de la Audiencia de Barcelona -"ahora tienen menos trabajo allí", afirma Bozal- y trasladarlo a otros juzgados. El plan afectará a entre 140 y 150 trabajadores, según Virgili. La segunda medida, a medio plazo, es la implantación de la oficina judicial, que permitirá a los funcionarios trabajar de forma colectiva y no ser "células independientes" como ahora.
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