Los alcaldes reclaman sus autobuses
La empresa Comes deja a algunos municipios gaditanos sin conexiones
Los alcaldes de las comarcas de la Janda y de la sierra de Cádiz no quieren quedarse sin autobuses. La empresa de transportes Comes, concesionaria del servicio público de viajes interurbanos por carretera en la provincia gaditana, ha presentado un plan de recortes de líneas que ha dejado algunos de estos municipios sin apenas conexiones con la capital gaditana o con los hospitales de referencia como el de Puerto Real.
La Junta entiende la demanda de los ayuntamientos y ha advertido a la compañía de que puede rescatar la concesión. La empresa, que guarda un sepulcral silencio sobre el conflicto, ha argumentado a las autoridades motivos económicos para justificar el recorte.
Según la Consejería de Obras Públicas, Comes llegó a proponer oficialmente un descenso del número de viajes de un 12,5% que no fue autorizado. La Junta sí ha consentido una reducción del 7%. Este plan de recortes fue puesto a exposición pública durante el plazo previsto por ley pero ningún ayuntamiento lo recurrió. Ha sido cuando ha entrado en vigor, y los autobuses han desaparecido, cuando los alcaldes han decidido protestar. "Hemos decidido crear una comisión de seguimiento que nos permita estudiar qué líneas son indispensables y, por lo tanto, hay que restituir", señaló ayer el alcalde de Medina y presidente de la Mancomunidad de la Janda, Francisco Carrera, tras reunirse con representantes de la Junta.
El conflicto de Comes tiene además su vertiente laboral porque la desaparición de autobuses también conlleva la desaparición de puestos de trabajo. Hasta 30 conductores tienen su empleo en peligro, según el comité de empresa. Los sindicatos han convocado una huelga cuando más duele en Cádiz, en pleno carnaval. Si nada lo remedia, se cortarán servicios el primer fin de semana de marzo, cuando la capital gaditana recibe a decenas de miles de visitantes para llenar sus calles de disfraces.
La Junta cree que una manera de resolver el conflicto es que administración y empresa resuelvan por mutuo acuerdo el contrato vigente, que finaliza en 2013. De esta forma otra compañía se harían con estas líneas para garantizar los autobuses que reclaman los alcaldes.
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