Murcia desvía la tijera

El Gobierno murciano (del PP) rebañará 60 millones de los 680 destinados a infraestructuras para compensar la rebaja introducida en su plan de ahorro para contentar a los sindicatos. La conocida como ley del tijeretazo preveía un recorte de gastos de 300 millones, pero el acuerdo con seis de los nueve sindicatos de la función pública dulcificó en esos 60 millones los ajustes en el área de personal.

Ayer, la consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, explicó que ese dinero se arañará mediante el aplazamiento, que no suspensión, de inversiones previstas para este año. La firma a principios de la semana que viene del pacto con las seis centrales (CSI-F, ANPE, SAE, SATSE, CESM y SIDI) busca zanjar un conflicto que dura ya seis meses y ha provocado manifestaciones multitudinarias en Murcia. Sin embargo, quedan fuera del acuerdo los sindicatos CC OO, UGT y Sterm, que sostienen además que este carece de validez, puesto que ellos representan al 56% de los trabajadores públicos. De hecho, incluso plantean convocar una huelga general.

Originariamente, dos tercios del ajuste lo soportaban los empleados públicos. Tras la reforma, únicamente se mantienen las medidas de carácter estructural: venta de inmuebles públicos, reducción hasta el 80% de la financiación de la televisión autonómica, supresión del 70% de los organismos autonómicos, eliminación de los gastos de imagen exterior de la región e incremento de la fiscalización de los organismos y consejerías.