El paso que Sortu se niega a dar

Enfrascados todos en interpretar jurídicamente el alcance y sentido de los "rechazos" que ahora proclaman los dirigentes de Batasuna corremos el riesgo de perder el sentido común.

Hay una vía de análisis más sencilla: el 4 de agosto de 2002, ETA asesinó en Santa Pola a Silvia y Cecilio, una niña y un jubilado. La negativa de Batasuna a condenar esos asesinatos fue lo que inició su proceso de ilegalización, que terminó por Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 enero 2004 en la que se afirmó que la negativa a condenar ese concreto atentado poseía una evidente densidad de significado como para considerar a Batasuna como partícipe del designio terrorista. Pues bien, para invertir ahora aquel juicio y demostrar la total inflexión que el nuevo partido proclama haber realizado, nada más sencillo y fácil que romper su anterior silencio y condenar ahora el asesinato de Silvia y Cecilio. Nos ilegalizaron entonces por callar, ahora no callamos: así de sencilla es la diferencia crucial. Pero Sortu se niega por ahora a dar ese paso y condenar lo que sus antepasados no condenaron.

Por primera vez en la reciente historia vasca existe una posibilidad muy real de integrar al mundo radical etnoterrorista en la democracia. Si se les exige con firmeza, acabarán por condenar su pasado de terror. Se trata solo de no vender barata la legitimidad democrática, cuando estamos en condiciones de cobrarla en su justo precio.