Los sindicatos exigen la declaración de IVA para despedir por pérdidas futuras

Para los sindicatos, que las empresas puedan despedir con una previsión de pérdidas es una "aberración jurídica". Cándido Méndez, líder de UGT, no se cansa de repetirlo desde que se aprobó como parte de la reforma laboral. Y, en consecuencia, la acotación de este concepto que el Gobierno ha hecho en el borrador del decreto sobre los ERE no les basta. En ese texto se exige que esas pérdidas futuras no sean temporales, sino estructurales, y que la empresa las demuestre y argumente en un informe económico. Pero UGT y CC OO piden más. Exigen que las empresas demuestren esa previsión con "la declaración del IVA, la evolución de la cartera de clientes, la de los productos fabricados y de los precios, la de los márgenes de precios...", según figura en el escrito de observaciones al borrador remitido al Ministerio de Trabajo el pasado miércoles.

"El informe técnico [...] es un documento sin ningún tipo de valor; en tanto que responde al encargo e instrucciones del empresario", argumentan las dos centrales. Y por eso exigen más pruebas. "Se trata de objetivizar al máximo", añaden.

Esta documentación se añadiría a la que ya contempla el borrador. Junto con el informe económico, una empresa que quiera despedir por causas económicas tendrá que presentar las cuentas auditadas de los dos últimos años. Todo referente al pasado, eso sí. El futuro, de momento, es difícil de documentar. El mismo Ejecutivo admite la subjetividad del concepto "previsión de pérdidas" en su memoria de impacto normativo del decreto, de ahí que exija los balances.

Otra de las exigencias en este sentido es que el decreto definitivo contemple que la empresa solo puede recurrir a la rescisión de contratos porque no tiene otra opción. "Debe dejarse claro que las medidas extintivas solo procederán cuando, para evitar una situación económica negativa [...], no puede conseguirse con medidas de flexibilidad interna", reza el texto.

Pese a remitir al Gobierno sus observaciones al borrador, los sindicatos comienzan su escrito de 12 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, rechazando los cambios sobre el despido de la reforma laboral.

Una de las quejas reiteradas de UGT y CC OO a lo largo del documento es que el Gobierno sitúa la referencia a la hora de situar la causa de un ERE en el centro de trabajo y no en la empresa. "Este criterio es contrario a la ley", zanjan.