"Por fin nos dan una oportunidad"

"Cuando supe que se volverá a investigar la muerte de mi marido suspiré y sentí un aire de tranquilidad y descanso. Pensé: por fin me siento un poco feliz". Son palabras de Paola Pérez, colombiana de 30 años que vivió en 2010 los peores meses de su vida: su esposo, Mauricio Osorio, fue uno de los 12 fallecidos en el atropello múltiple ocurrido en el apeadero de Castelldefels-Platja en la verbena de Sant Joan. Ella vio, desde el andén, cómo el tren lo arrollaba. "Quiero que se sepa toda la verdad de lo que pasó", afirma.

Paola fue una de las muchas personas que, pese a ver el accidente, no fue llamada a testificar durante la instrucción del caso. Como ella, los familiares de las víctimas llevan meses batallando para que se reabra la investigación del accidente y poder participar en un juicio al que cerró las puertas el juez de Gavà. Este archivó a finales de julio el caso al atribuir el accidente a una imprudencia de los fallecidos, que atravesaron las vías y no utilizaron el túnel subterráneo. La decisión judicial impidió a los familiares proponer diligencias y aportar pruebas como acusación particular. Las familias de los fallecidos consideran que la investigación fue "poco profunda y se resolvió demasiado rápido". "Nos sentimos abandonados por la justicia", lamenta Richard Olivo, portavoz de los afectados y que perdió a su hija en el accidente.

Aunque pequeña, Richard y Paola han ganado ahora su primera batalla: la Audiencia de Barcelona ha ordenado la reapertura del caso. Los afectados reconocen la imprudencia que cometieron sus familiares, pero estiman que "la culpa fue compartida" y que hubo negligencia por parte de las Administraciones al no preparar un dispositivo especial de seguridad ante la gran cantidad de gente que suele acudir a la zona en la noche de Sant Joan. "Queremos que los testigos que declaren en el juicio sean los que vieron lo que pasó, los que realmente estuvieron allí", reclama Olivo.

Los abogados de las víctimas, Andreu Van den Eynde y Ahumada Bayuelo Libri, explican que su objetivo, como los familiares les demandan, es conseguir que se celebre una investigación "que permita la declaración de los 40 o 50 testigos identificados". Los letrados aseguran que presentarán una "batería de pruebas" que exigirán que se investiguen.

El cónsul de Ecuador en Barcelona, Freddy Arellana, "satisfecho" por la reapertura de la investigación, asegura: "están esperanzados pero vigilantes".

"Para nosotros es como volver a empezar", apunta Paola Pérez. "Por fin nos dan una oportunidad", concluye.