Bruselas cierra la puerta a un pacto antes de ir al Tribunal de Luxemburgo

El conflicto que mantienen las Haciendas vascas con la Comisión Europea por las vacaciones fiscales, las ayudas a empresas declaradas ilegales en 2006, camina irremisiblemente hacia el Tribunal de Luxemburgo. No existe ya una posibilidad de arreglo previo con Bruselas. La vía negociadora no tiene recorrido. La Comisión ha resuelto parar en seco el intento de las instituciones vascas (el Gobierno y las tres Diputaciones) de alcanzar un acuerdo entre las partes para evitar la actuación de las autoridades comunitarias ante el Tribunal de Justicia europea, según ha podido saber EL PAÍS.

Las Diputaciones se enfrentan a una propuesta de sanción diaria (formalmente al Reino de España) que suma ya 38 millones de euros por haber incumplido una sentencia del mismo tribunal europeo que en 2006 les obligó a recuperar las ayudas ilegales otorgadas a centenares de empresas en la década de los años noventa.

Las Diputaciones estudiarán mañana el caso con la Abogacía del Estado

Fracasan los últimos contactos con la UE para una solución amistosa

La CE solo aceptaría un arreglo una vez iniciada la actuación judicial

Los discretos contactos con la Dirección de la Competencia que se han mantenido en las últimas fechas, una vez que se hizo pública la multa millonaria que Bruselas quiere imponer, no han tenido resultado. Por primera vez en mucho tiempo, las instituciones vascas decidieron llevar adelante este intento de acercamiento que ponía fin a la estrategia de enfrentamiento que habían ido siguiendo en todo este proceso. La Diputación guipuzcoana y después el Gobierno han sido los principales valedores de este último intento por zanjar la disputa sin llegar a los tribunales.

Las conversaciones, que pretendían sondear la voluntad de Bruselas de resolver amistosamente este asunto, no han dado su fruto y la Comisión ha comunicado a los representantes vascos que su decisión de presentar la denuncia es firme.

Las autoridades comunitarias, que ya han encargado a sus servicios jurídicos la preparación de la demanda, también han dejado muy claro que solo contemplan la posibilidad de reconducir el conflicto cuando ya se haya iniciado la acción judicial. En Bruselas existe una sensación de "mucho enfado", aseguran las mismas fuentes, con el comportamiento renuente que han seguido los entes forales. La táctica dilatoria ha sido una constante desde el origen del caso, cuando a la UE se le negó en 1999 información sobre los incentivos que las Haciendas vascas estaban aplicando a las empresas entre 1994 y 1997. Esta maniobra de dar largas se ha mantenido pese a los insistentes ruegos por parte de Bruselas para que recuperar la totalidad de los incentivos declarados ilegales, tal y como solicitó la Comisión en julio de 2001 y exigió el Tribunal de Luxemburgo en su sentencia de 2006. En un último intento por resolver el asunto, la Comisión llegó a entregar en marzo de este año a las instituciones vascas un non paper (lo que en terminología diplomática se conoce como una comunicación no oficial) que contenía consejos y pistas sobre lo que aquellas debían hacer para reembolsar todas las ayudas y evitar la multa.

Al entender que las Diputaciones seguían sin ejecutar las decisiones comunitarias, y que aún están pendientes de recuperar el 90% de las ayudas otorgadas ilegalmente, la Comisión optó a finales de noviembre pasado por abrir la vía punitiva. Anunció su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia europea para que los jueces impongan una sanción consistente en el pago de 25.817,40 euros diarios por cada jornada transcurrida desde la sentencia del 14 de diciembre de 2006 y hasta que el mismo tribunal se vuelva a pronunciar, probablemente dentro de dos años.