El Sáhara Occidental y el Gobierno

Una de las singularidades de nuestro país es la de disponer de un Gobierno que desde la última remodelación cuenta con tantos portavoces y matizadores como ministros. El último ejemplo lo ha constituido el ataque marroquí contra el campamento de El Aaiún.

En este tema hay varios postulados irrefutables: el pueblo saharaui no tiene ningún tipo de vínculo con los súbditos marroquíes; el Sáhara Occidental fue una provincia más del Estado español; cuando se arrió la bandera, se abandonó -no solo a su suerte, sino a la guerra y persecución a muerte- a miles de ciudadanos que hasta ese momento gozaban de nuestra nacionalidad; que España, de forma absolutamente ilegal, hizo y sigue haciendo dejación de sus responsabilidades como potencia administradora imposibilitando con ello la realización del referéndum al que el pueblo saharaui tiene derecho desde hace más de 35 años.

Mohamed VI debería olvidarse de su "Gran Marruecos" en lo que a nosotros respecta. Los recursos que explota en las tierras y aguas saharauis no son suyos. Ceuta y Melilla son territorios españoles, no "ocupados" como se afirma al referirse a ellas desde la agencia oficial de prensa marroquí. El pueblo español está constituido por ciudadanos, no por súbditos y menos suyos, y está cansado de tanto agachar la cabeza y cerrar la boca ante cesiones que atentan ya contra la dignidad personal. Contra la agresión a nuestro territorio, la Constitución establece quién y cómo tiene que actuar para defender su integridad.

El presidente Rodríguez Zapatero nos debería explicar en el Parlamento los motivos y supuestos intereses de España para continuar manteniendo este statu quo, antes de que los saharauis se aburran y acepten un régimen de autonomía que el propio Mohamed VI en virtud de su poder absoluto podría derogar al día siguiente.