Recorte sanitario

Un déficit de más de 11.000 millones de euros atenaza al sistema sanitario español. La crisis económica y el correspondiente descenso de ingresos públicos, que han venido a sumarse a los desequilibrios endémicos, está obligando a los centros sanitarios a hacer juegos malabares con las cuentas. Son juegos que están afectando en primer término a los proveedores (con un retraso considerable de los pagos) y, en segundo, a la gestión de personal. Las penurias económicas del sistema se están paliando con una menor contratación de empleados de sustitución e incluso con el cierre de servicios a la espera de que mejore la coyuntura.

La situación es crítica, como refleja el informe que hoy publica EL PAÍS, y empiezan a registrarse anécdotas penosas, como la supresión de las meriendas en algunos hospitales, que desmerecen de un sistema capaz de haber desarrollado una de las organizaciones de trasplantes de órganos más valoradas del mundo. El drama es que, además, ya hay indicios de que tal penuria puede terminar en una merma de la calidad asistencial. El sistema sanitario, considerado hasta ahora la joya de la corona de los servicios públicos en España, por su positiva relación calidad-precio, está al borde de la bancarrota, de forma que han empezado las restricciones, todavía de manera limitada, en algunas terapias y los cierres de quirófanos para evitar las costosas horas extraordinarias. Esta última medida repercutirá negativamente en las listas de espera, el gran talón de Aquiles de la red asistencial.

El envejecimiento de la población, la sofisticación de las tecnologías sanitarias, el pago subvencionado e indiscriminado de parte de los medicamentos (que se lleva el 32% de los recursos sanitarios) y un nivel de financiación pública per cápita que está muy por debajo del de Estados Unidos y los grandes países europeos son los causantes del desequilibrio crónico del sistema español. La crisis económica no ha hecho más que agudizar la situación; de ahí que el Consejo Interterritorial de Salud lograra en marzo pasado suscribir el único pacto que han sido capaces de firmar hasta ahora los dos grandes partidos nacionales para intentar recortar el gasto.

En ese pacto se aprobaron medidas tan importantes como la creación de una central de compras de las comunidades autónomas (gestoras del sistema) que otorgaría una mejor posición para negociar los precios con los proveedores o instalar la llamada unidosis para evitar el actual derroche de medicamentos. El camino elegido es el adecuado, pero a la luz de los datos es evidente que urge aplicar los acuerdos suscritos y sopesar nuevas medidas (ya analizadas) que alivien el sistema, como una mejora sustancial de la gestión a todos los niveles, la aplicación del copago (un cobro de cada acto médico que incluso puede ser reembolsado después) con el fin de disuadir a los que abusan del sistema o la reducción de subvenciones para rentas altas.