Marlaska pide informes sobre la contratación del Yak-42

El caso Yak-42, por el accidente aéreo que costó la vida a 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003, sigue vivo más de siete años después. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que investiga posibles irregularidades en la contratación del avión, ha rechazado las 45 comparecencias solicitadas por familiares de las víctimas, entre ellas, un careo entre el jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2003 y 2004, Luis Alejandre, y el que le sucedió hasta 2008, Félix Sanz Roldán.

Pero el juez acepta la petición de abrir una investigación sobre la financiación del vuelo siniestrado y otros 43 en aviones ex soviéticos por lo que reclamará al Ministerio de Defensa, a la Agencia de Mantenimiento y Apoyo de la OTAN (Namsa) y a la contratista del Yak-42 (Chapman) toda la documentación sobre la cadena de subcontrataciones.

Familiares de víctimas del Yak quieren que dos auditores del Estado Mayor de la Defensa realicen un informe sobre "cómo en la cadena de intermediaciones [de la contratación del Yakovlev] España pagó aproximadamente 140.000 euros por vuelo y el destinatario último, UM Air percibió únicamente 39.000". Confían en que esta investigación aclare si de la falta de financiación de los vuelos y las malas condiciones en las que viajaban los militares se puede establecer un presunto delito de homicidio involuntario.

Ningún testigo

Con esa misma intención, las familias habían solicitado que declararan como testigos, entre otros, el teniente general que recibió un informe donde se denunciaban "los altos riesgos de los vuelos en aviones ex soviéticos"; el comandante que filmó un vídeo denunciando las condiciones del avión en un vuelo 12 días antes del accidente; el jefe del Estado Mayor de la Armada que recibió una carta sobre las limitaciones presupuestarias para contratar aviones; o la viuda del comandante José Antonio Fernández, que en su última conversación telefónica le dijo a su mujer: "Reza por mí que este avión es una mierda". Marlaska las rechaza todas por entender que la instrucción "no puede convertirse en la celebración de un hipotético juicio oral".

El juez mantiene imputados a cinco altos mandos militares por un delito de homicidio por imprudencia.