La acusación popular pide más de 20 años de cárcel para Fabra

La acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, pedirá 20 años y nueve meses de cárcel para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, fraude fiscal y blanqueo de dinero. El escrito de calificación, que se ha de formalizar ante el juzgado número 1 de Nules (Castellón), calcula así la pena por las imputaciones por las que, a juicio de esta parte, ha de ser juzgado el también presidente del PP castellonense, al que el juez le ha imputado por los mismos presuntos delitos, a excepción del blanqueo de dinero.

Tal como adelantó en la concreción de las imputaciones, la acusación popular considera que Fabra debe ser condenado por cinco delitos fiscales, cometidos entre 1999 y 2003, por los que pide dos años y seis meses de prisión por cada uno de ellos, así como una indemnización del dinero defraudado a Hacienda multiplicado por seis. Según el informe pericial, Fabra dejó de ingresar 980.000 euros por no haber declarado ingresos hallados en sus cuentas y de los que no ha justificado el origen.

Además, la acusación considera que ha sido autor de un delito de cohecho activo continuado y de otro de cohecho pasivo continuado, por los que pide cuatro años. Por el de tráfico de influencias reclama una pena de un año de cárcel y seis años de inhabilitación, a lo que se une la petición por blanqueo, de tres años.

Pese a que ayer acababa el plazo para que las acusaciones realizaran sus calificaciones, la Fiscalía Anticorrupción tenía pendiente la notificación de parte de la documentación del procedimiento, por lo que aún no ha presentado sus peticiones de pena y deberá retrasarla.