El Constitucional se inclina por no suspender la vigencia de la norma

Frente a quienes planteaban una suspensión de la ley del aborto antes de que ayer entrara en vigor, lo cierto es que el Tribunal Constitucional no decidirá esta semana sobre la petición de suspensión de la norma. Todo parece indicar que la ley permanecerá plenamente vigente hasta que se dicte sentencia sobre el fondo de la cuestión. Por un lado, hoy acaba el plazo de tres días para alegaciones sobre la suspensión que se concedió al Gobierno, al Congreso y al Senado y previsiblemente el abogado del Estado remitirá hoy su argumentación al Constitucional. Por tanto, todavía el tribunal no dispone de las alegaciones para debatir sobre ellas.

Además, según fuentes del Constitucional, varios magistrados que están redactando los votos particulares del Estatuto de autonomía de Cataluña han solicitado una ampliación del plazo y no parece probable que vayan a reunirse para estudiar la posible suspensión de la ley del aborto.

Ayer, la Asociación Tomás Moro presentó un recurso de amparo, pero ni es el trámite adecuado, que debería ser un recurso de inconstitucionalidad, ni está legitimada para recurrir, por lo que su escrito será rechazado con toda seguridad.

Fuentes del Constitucional dan por sentado que en este caso se seguirá el precedente marcado por el caso de los papeles de Salamanca. El alto tribunal ya se pronunció en aquel caso en el sentido de rechazar la suspensión por entender que la Constitución no permite suspender leyes del Estado impugnadas por un tercero porque se trata de un acto que va contra la voluntad popular.

La suspensión sí es posible cuando el recurso es presentado por el Gobierno de la nación contra una ley aprobada en un parlamento autonómico.

El Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra ocho artículos de la ley, entre ellos el que establece plazos de aborto sin justificación hasta la semana 14, el que recoge que las adolescentes de 16 y 17 años puedan ir a abortar sin sus padres si hay conflicto con ellos, o para recoger la objección de conciencia de los médicos.

La ley fue recurrida también por el Gobierno de Navarra, comunidad en la que no se practican abortos.