El Gobierno portugués se queda solo en el veto a Telefónica en Vivo

El Gobierno portugués se ha quedado solo en su veto a Telefónica. El ejercicio insólito de la acción de oro para frenar la compra del 30% que posee Portugal Telecom (PT) en la brasileña Vivo ha despertado las iras de la oposición, y las críticas de los accionistas de referencia de PT, analistas financieros y hasta de la prensa lusa.

Miguel Relvas, secretario general del Partido Social Demócrata (PSD), principal de la oposición, ha asegurado que, pese a que la operación no era buena para PT, "el Estado no debe tener poderes especiales en las participaciones en las empresas".

Los accionistas de PT como Brandes, Ongoing y Banco Espírito Santo (BES) también critican el golpe de mano del Gobierno. Especialmente llamativo es la ruptura de la sintonía entre el presidente del BES, Ricardo Salgado, con el Ejecutivo del primer ministro, el socialista José Sócrates. Aunque el banquero afirma que votaron a favor de la oferta de Telefónica para evitar una OPA posterior sobre todo PT, lo cierto es que la imagen dada por el Ejecutivo perjudica a la banca de un país necesitado como ninguna otra del capital extranjero y del apoyo de la Eurozona.

La prensa lusa, que había hecho un frente común contra Telefónica, han atenuado su postura. Diario Económico estima que la multinacional española puede conseguir Vivo una vez que el Tribunal Europeo anuncie su más que previsible rechazo a la acción de oro el próximo 8 de julio. Para el diario, a Telefónica le bastaría presentar una nueva oferta, ligeramente modificada sobre la anterior, para que el consejo de administración la aceptara, sin necesidad de convocar una junta de accionistas, ya que el Gobierno no podría volver a imponer su criterio.

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), y la portuguesa ATM están valorando la posibilidad de interponer una demanda contra el Estado portugués por el veto. Las asociaciones explicaron que la acción de oro, ha sido declarada en múltiples ocasiones por la Unión Europea como "incompatible" con el derecho comunitario por impedir la circulación de capitales.