Farmacéuticos

Un licenciado en Derecho puede abrir un bufete donde, como y cuando quiera, un arquitecto puede igualmente establecer su estudio o un médico poner una consulta donde le plazca, ya que se lo permite un título universitario, que es un documento expedido por el Estado en el que se acredita al titular del mismo con los conocimientos suficientes y necesarios para ejercer la profesión correspondiente. Pero no es así en todos los casos. A un licenciado en Farmacia el Estado le reconoce su capacidad académica, pero no le permite ponerla en práctica libremente. Un boticario, según el statu quo actual, en el 99% de los casos, solo puede acceder al ejercicio profesional si compra el puesto de trabajo a otro colega que se lo tasa según gusto y ganas (gusto del que lo vende y ganas del que lo compra). O bien trabajando en régimen de asalariado (en estado de precariedad, la mayoría) para otro compañero que tiene el puesto de trabajo y que generalmente no lo ejerce pero se lleva el grueso de los beneficios del negocio.

¿Se imaginan ustedes que hubiera más notarios que notarías y estas salieran a subasta? ¿Se imaginan que un médico con una plaza oficial en propiedad no la trabajara y pusiera en su lugar a un compañero o la vendiera al mejor postor? Pues eso (simonía seglar, o algo así) es lo que ocurre en el actual ejercicio profesional farmacéutico, consecuencia de la anómala, anacrónica, atópica e irracional legislación correspondiente, que está pidiendo a gritos una profunda revisión y una puesta al día de la profesión farmacéutica en su modalidad comercial.