Los condenados por el 'caso Yak-42' eluden el cumplimiento de sus penas

La catástrofe del Yak-42, de la que hoy se cumplen siete años, ya tiene una condena, la que dictó el pasado 17 de marzo el Supremo, pero es cada vez más improbable que llegue a tener una pena. Como se esperaba, la Audiencia Nacional ordenó ayer suspender el ingreso en prisión del general Vicente Navarro, condenado a tres años de cárcel por la falsa identificación de 30 de los 62 cadáveres de los militares fallecidos en el siniestro.

El tribunal alega una razón que nadie puede cuestionar. Navarro "presenta una enfermedad grave e incurable, está en fase terminal y necesita cuidados paliativos". Un médico forense certificó que sufre cáncer de pulmón.

El fiscal ha informado a favor de que se suspenda también el ingreso en prisión de los comandantes médicos José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez, condenados a 18 meses de privación de libertad como cómplices de Navarro. El fiscal aprecia que ambos carecen de antecedentes penales, han sido condenados a menos de dos años y, junto al general, han abonado ya 300.000 euros de indemnización para las familias de las víctimas.

Una asociación que dirige un ex jefe del Ejército paga las indemnizaciones

Pero ni Navarro ni sus subordinados han pagado un solo euro de indemnización. Lo ha hecho por ellos la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil; una asociación que agrupa a unos 30.000 militares y guardias retirados y está reconocida como de utilidad pública. Su presidente de honor es el Rey y sus sedes están en instalaciones militares.

La citada hermandad realizó una colecta y abrió una cuenta bancaria "para atender a las responsabilidades millonarias pedidas a nuestros compañeros por su presunta responsabilidad en la identificación de los restos del personal fallecido en el accidente del Yak-42", según el anuncio difundido entre los militares.

Llama la atención que considere "presunta" una responsabilidad fijada ya por el Supremo, pero aún más que califique de "compañeros" a los condenados y, en cambio, se refiera con el apelativo mucho más frío de "personal fallecido" a los militares que perecieron en el Yak-42.

Se da la circunstancia de que el presidente de la hermandad es el general Eduardo González-Gallarza, jefe del Ejército del Aire cuando se produjo el siniestro, en el que fallecieron 21 subordinados suyos. Aunque puede haber pesado más el hecho de que, antes de unificarse los cuerpos médicos militares, Navarro perteneciera al Ejército del Aire.

Las familias de las víctimas pidieron que González-Gallarza declarase como imputado en la causa que aún se instruye por las supuestas irregularidades en la contratación del Yak-42, pero la Audiencia Nacional lo rechazó de plano en marzo pasado.

Finalmente, la sentencia del Supremo imponía a los tres militares la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones públicas. Para Navarro, ya retirado, esta pena carece de efecto, pero para los comandantes supone la pérdida de su carrera. Los tres han pedido que se suspenda la ejecución de esta medida mientras se tramita la solicitud de indulto presentada ante el Ministerio de Justicia. Cientos de militares han suscrito esta petición, distribuida a través de Internet. El Ministerio de Defensa no ha iniciado aún el expediente de separación del servicio porque, alega, no ha recibido la orden de ejecutar la sentencia.

En un artículo publicado hace un año, el general Gallarza aseguraba que si Navarro y sus subordinados erraron al identificar 30 cuerpos "no fue por negligencia, sino por las difíciles condiciones en que trabajaron y la presión a la que estaban sometidos". No explicaba de quién.