Los gestores autorizados acusan a la Administración

En las obras públicas de Galicia, cualquiera sea la Administración que las promueve, se incumple "como en ninguna otra comunidad", la obligación de encargar la gestión de los residuos de la construcción y la demolición a las empresas autorizadas, según una reiterada denuncia de estas que, sin embargo, sigue sin obtener mayor eco.

El tratamiento de los residuos a través de los gestores autorizados encarece los costes para las empresas adjudicatarias de las obras, que -con la desidia cómplice de la Administración- procuran ahorrárselos aun a costa de incurrir en ilegalidades, como los frecuentes vertidos clandestinos por los montes. En Vigo han cobrado especial relieve en los últimos tiempos.

Si los sobrantes de la excavación del túnel del AVE no son especialmente dañinos para el medio ambiente, no puede decirse lo mismo de otras obras, como la demolición de Casa Mar (para edificar el auditorio), el grueso de cuyos escombros "desapareció" en una ruta de vertederos clandestinos que penetraba en Portugal.

El PP denunció la proliferación de vertidos clandestinos de escombros generados en la "humanización masiva" de calles promovida por Abel Caballero con los fondos del Plan E, y Aproema, asociación de empresas medioambientales, ha denunciado la gestión ilegal y los misterios, con derivaciones en Porriño y Portugal, de 40.000 toneladas de residuos de las demoliciones previas a la ampliación del aeropuerto.