El colegio profesional apoya a la interventora de Mislata

Son altos funcionarios no dados a prodigarse socialmente. Sin embargo, en el caso de la interventora de Mislata, Herminia Llop, apartada, hace hoy una semana, por el alcalde de la localidad, Manuel Corredera, del PP, tras manifestar un posible "enriquecimiento injusto" en la liquidación de unos aparcamientos, el gremio se ha posicionado.

Tanto el Consejo General de Interventores y Tesoreros de Administración Local de España, como el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Valencia, éste tras la Junta de Gobierno celebrada ayer, expresan en sendos escritos "su profundo malestar por las lamentables circunstancias" de la apertura del expediente.

El alcalde decidió el viernes pasado suspender por un máximo de seis meses a la interventora "por incumplimiento de las funciones esenciales en su puesto de trabajo" tras un largo enfrentamiento en torno a un convenio con Lubasa para la construcción de cuatro aparcamientos. La empresa decidió paralizar la obra del último aparcamiento y el PP liquidó el contrato por 17,6 millones de euros, un precio superior al de la licitación inicial. La interventora no vio clara la operación, se enfrentó a la alcaldía y defendió que Lubasa indemnizara al Ayuntamiento por la infraestructura inconclusa.

Registro

A primera ahora de la tarde de ayer, el PSPV y EUPV denunciaron que la concejal del PP Ligia Rodrigo, acompañada de la Policía Local y los trabajadores de la televisión acudieron al que era el despacho de la interventora para grabarlo y recoger diversos papeles en una bolsa de basura. A continuación, el alcalde matizó a través de un comunicado: "Sólo se ha procedido a la apertura del despacho con llaves nuevas para que la interventora accidental pudiera hacer uso de los expedientes que requiera, delante de todos los trabajadores, ante las cámaras de televisión y los agentes de la policía".

En cambio, la oposición tildó el lance de "delirante y vergonzoso" y lo equipara al acontecido el pasado viernes con el inmediato cambio de cerradura del despacho de la funcionaria tras su cese. Diversas fuentes y trabajadores municipales confirman que la sede del PP local "se vació de muebles y carpetas" la víspera de la destitución de la interventora. La Junta de Personal del Ayuntamiento ha acordado por unanimidad aprobar un comunicado de apoyo a la interventora.