El Tribunal Constitucional dirimirá si las cadenas deben ayudar al cine

El Tribunal Constitucional (TC) decidirá sobre la obligación que tienen las televisiones de invertir cada año en producciones cinematográficas una parte de sus ingresos (el 5% en el caso de las privadas y el 6% para las públicas, según la nueva ley audiovisual). El pleno del TC ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo a finales de 2009.

Aquella resolución dejaba claro que obligar a las televisiones a financiar el cine europeo va contra la libertad de las empresas que ampara la Constitución. Para el Supremo, la restricción es tanto más relevante en cuanto que el destino forzoso de las inversiones "no corresponde al objeto propio de su actividad (la difusión televisiva), sino a un sector económico diferente (la producción cinematográfica)". Desde que en 1999 entró en vigor esta norma -aprobada por el Gobierno del PP-, las televisiones han destinado 1.266 millones de euros a la producción de películas. Sólo en 2008, el último ejercicio contabilizado, el cine recibió 196 millones.

La resolución del Supremo -consecuencia de un recurso planteado por Uteca, la entidad que agrupa a las cadenas comerciales- incide en que la capacidad de decidir de modo autónomo "dónde y en qué invertir los recursos propios es parte del núcleo duro o indisponible de la libertad empresarial". También rechaza que esa obligación de invertir en producciones cinematográficas emane de una directiva comunitaria, y destaca que no figuraba en las condiciones de la concesión, sino que "nace extramuros" de las normas que rigen la televisión en España.