Respuesta emocional

Las manifestaciones sindicales contra la ampliación de la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años suponen el primer conflicto político entre el Gobierno y los sindicatos. No es casual que en varias intervenciones de los convocantes se pusiera en valor la paz social disfrutada durante las últimas legislaturas y se amenazara con que "esto no quedará así" si el Gobierno no retira la propuesta. Saben los sindicatos que el Gobierno es sensible a la amenaza de una huelga general; y calcula el Gobierno que los sindicatos no se atreverán a convocarla como respuesta a una reforma a largo plazo de las pensiones. Los sindicatos se han comportado sensatamente al firmar el pacto salarial con la CEOE y están dispuestos a negociar una reforma laboral (sin abaratamiento del despido); pero han cavado las trincheras para oponerse a cualquier reforma de las pensiones contributivas, que ellos denominan pensionazo.

La respuesta sindical parece emocional y desproporcionada. Eso es lo que se deduce de las acusaciones de "agresión injustificada a los derechos sociales" o de los temores expresados ayer sobre una supuesta privatización del sistema. Arguyen CC OO y UGT que la propuesta del Gobierno "crea una alarma injustificada" en la solvencia del sistema; pero el caso es que el Gobierno no propone una reducción inmediata de las pensiones, sino que se abra una discusión en las instituciones políticas y sociales pertinentes para aplicar cambios que se han probado en otros países. Ese debate se hará en el Pacto de Toledo y si se llega a un acuerdo por mayoría, se negociará con los agentes sociales. No habrá pues decretazos (el presidente del Gobierno ha insistido en ello) y, por tanto, la respuesta sindical parece desmedida.

El argumento sindical de que hay que rechazar el recorte de los derechos tropieza con la realidad. Los españoles se incorporan tarde al mercado de trabajo, lo abandonan pronto y su expectativa de vida tras la jubilación es elevada. Cualquier simulación razonada de la evolución de la Seguridad Social con previsiones moderadas de envejecimiento permite asegurar que el superávit actual irá disminuyendo poco a poco y que en torno a 2020 se corre el riesgo de incurrir en déficit. No es que el sistema vaya a quebrar, como dicen los catastrofistas y ridiculizan los sindicatos; es que si no se corrigen las prestaciones y el periodo de cálculo (reforma a la que ha renunciado por ahora el Gobierno), las pensiones que percibirán los jubilados durante las próximas décadas se reducirán a la mitad.

Puesto que prorrogar la edad de jubilación no es una medida irracional, ni un trágala político, el Gobierno debe mantener su propuesta y aceptar el riego de que el conflicto con los sindicatos se encone. Y no sólo porque los inversores internacionales vigilen el gasto público futuro, sino porque la reforma de las pensiones, junto con la del mercado laboral y la de las cajas de ahorros son las que toca hacer en este momento. La laboral y la financiera son urgentes; la de las pensiones puede y debe pactarse con tiempo y serenidad.