Un imputado del 'caso Estepona' tenía 10 millones en Andorra

Familiares directos del ex gerente de Urbanismo de Estepona (Málaga) Pedro López guardaban en una cuenta corriente de Andorra 10 millones de euros, supuestamente procedentes de sobornos cobrados por el ex alto cargo a promotores con intereses urbanísticos en la localidad.

Según informa Efe, el dinero ha quedado bloqueado después de que el juez Jesús Torres, que investiga el caso Astapa sobre corrupción en Estepona, enviara una comisión rogatoria al país pirenaico. Andorra, tradicional refugio fiscal para los españoles, levantó el pasado 14 de enero el secreto bancario en casos de investigaciones judiciales.

El caso Astapa, que estalló en junio de 2008 con la detención del entonces alcalde socialista, Antonio Barrientos, y de otras 18 personas entre ediles, cargos municipales y empresarios, acumula ya 68 imputados. Los últimos cinco son precisamente los parientes del ex gerente de Urbanismo, entre ellos sus padres y un hermano. Pedro López ejerció el cargo entre 2003 y 2007, cuando fue nombrado por el Partido Estepona (Pes, antiguo GIL), como una de las condiciones para dar la alcaldía a Barrientos. En ese mandato municipal, Estepona contó con tres gerentes de Urbanismo: Pedro López, por el Pes; Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, y también imputada en el caso Astapa, por el PSOE; y un tercer gerente, nombrado por Izquierda Unida.

Sin testaferros

Según fuentes cercanas al caso, la cuenta corriente andorrana estaba puesta directamente a nombre de un pariente de Pedro López, sin que figurara testaferro alguno como titular. Cuatro de los cinco familiares del ex gerente de Urbanismo declararon ayer ante Jesús Torres, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, después de declarar el jueves ante la policía, que se incautó de dos vehículos de alta gama. El juez les acusa de blanqueo de capitales, falsedad documental y delito contra la ordenación del territorio. Al comienzo de la operación, el ex gerente ya fue imputado por malversación y cohecho.

El instructor considera que el dinero consignado en Andorra corresponde a cantidades cobradas a promotores urbanísticos a cambio de agilizar licencias municipales en las que tenían intereses.