El PSM pide a Aguirre que modifique la ley de la Cañada Real

Las objeciones que el Ministerio de Medio Ambiente ha puesto a la ley de la Cañada Real Galiana, en tramitación en la Asamblea de Madrid, sirvieron ayer como argumento a los socialistas para pedir al Gobierno de Esperanza Aguirre que modifique la norma.

"Pido al Ejecutivo que se siente para consensuar con todos", reclamó el portavoz socialista en el Ayuntamiento, David Lucas. Y recordó que todos los grupos municipales (PP, PSM e IU) acordaron en el último pleno que se retirara de la ley el tope de dos años para alcanzar el acuerdo entre administraciones. "El informe de Medio Ambiente pone de manifiesto que la Cañada Real requiere una solución social antes de cualquier otra", recalcó.

El informe, emitido por la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del ministerio, y solicitado por la propia Comunidad de Madrid, afirma que el proyecto de ley "no garantiza suficientemente que en el destino de los terrenos prevalezca el interés general o social", como establecen las leyes nacional y regional.

Chabolismo

Además, el informe invita al Ejecutivo regional a promover un acuerdo sobre el futuro "social, económico y medioambiental" de la Cañada, una vía pecuaria de 15 kilómetros donde viven unas 30.000 personas. En ella hay un gran número de edificaciones ilegales, con asentamientos chabolistas, pero también casas y chalés. Los detractores de la ley aseguran que sin resolver el realojo de los chabolistas se avivará el problema, porque en el fondo el Ejecutivo regional lo que quiere es regularizar la propiedad de las edificaciones estables.

"El proyecto de ley no soluciona los problemas medioambientales, sociales y territoriales, ya que se limita a desafectar y pasa la patata a los ayuntamientos", recalcó también el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo. "La memoria económica de la ley dice que ésta no tiene coste para la Comunidad, lo que quiere decir que el Gobierno regional no va a hacer políticas de realojo", afirmó. La consejera de Medio Ambiente, Anabel Mariño, no quiso entrar a valorar el informe del ministerio, porque dijo que la dirección general aún no lo ha recibido. Recordó que no es vinculante y afirmó que al Gobierno regional no le hace falta ningún informe para tratar de alcanzar el consenso para aprobar la ley.