No más retrasos

La reforma del mercado de trabajo es la condición necesaria y urgente para frenar la destrucción de empleo y el crecimiento del paro. Por una razón muy sencilla: la crisis del mercado laboral eleva el coste de la protección a los desempleados hasta niveles insostenibles para las finanzas públicas a medio plazo; a la vez, reduce los ingresos por cotizaciones sociales y genera dificultades financieras en el sistema de pensiones. Así pues, el Gobierno obra cuerdamente al proponer un esbozo de reforma laboral, cuyos criterios genéricos son poco discutibles. En ese marco abierto de debate que ayer anunció el presidente del Gobierno -en el que falta sin duda concreción-, valen todas las propuestas en esta línea, desde combatir la temporalidad o cambiar el contrato a tiempo parcial para explotar la veta de empleo en ese mercado hasta crear un programa específico que favorezca el empleo juvenil o debatir el modelo alemán de reducción de jornada.

La urgencia de la reforma proviene no sólo de la necesidad perentoria de generar empleo, sino también de la no menos acuciante de transmitir a la sociedad (y a los mercados tras el castigo sufrido el jueves en la Bolsa) la idea de que la recuperación será más consistente y creará más puestos de trabajo gracias a una flexibilización bien meditada de las normas laborales. La misma argumentación cabe aplicar a la reforma de las pensiones, rechazada con virulencia por los sindicatos. En contra de lo que piensan UGT y CC OO, un debate sobre la edad de jubilación o el periodo de cómputo de cada pensión en nada deteriora la solvencia financiera del sistema; al contrario, es obligado para garantizarla; y es justo ahora cuando hay que suscitarlo.

Por todo ello, no es sensato seguir retrasando la aplicación de cambios legales en el mercado de trabajo. Sindicatos y empresarios son conscientes de que deben trabajar con rapidez. El marco está fijado y no ha lugar a más excusas: la negociación sectorial de convenios tiene que dejar paso a la negociación en las empresas y las prioridades deben centrarse en aumentar la contratación fija y a los más jóvenes. Ayer, los sindicatos avanzaron un acuerdo rápido sobre la negociación colectiva; sería deseable que esas expectativas se cumplieran.

No es un secreto que el mayor esfuerzo para comprender el cambio han de hacerlo los sindicatos. Tienen que decidir entre mantener la defensa a ultranza de sus afiliados con contratos fijos y resistirse a cualquier cambio en el modelo de negociación o bien aceptar y facilitar unas relaciones laborales más flexibles. Para el Gobierno, es la hora política crucial. Si de verdad "tiene el timón" político controlado, como dijo ayer la vicepresidenta De la Vega, hará valer sus condiciones de reforma laboral, urgirá el prometido acuerdo rápido entre los agentes sociales y mantendrá la exigencia de debatir la reforma de las pensiones. Deberá procurar, sobre todo, que sus propuestas se concreten en medidas eficaces y evaluables. Incluso a riesgo de perder el apoyo de UGT y la complacencia de Comisiones. No hay que olvidar que el descrédito del Gobierno y la debilidad que transmiten los activos de la marca España proceden de la frecuencia con que los hechos frustran los tibios mensajes de optimismo del Gobierno y ridiculizan la resistencia oficial a racionalizar las finanzas públicas.

El tiempo apremia y no hay excusa para más dilaciones. La economía española sigue en recesión (0,1% de contracción del PIB en el último trimestre de 2009), lo estará técnicamente al menos hasta el tercer trimestre de 2010 y, en la consideración de los inversores, está cayendo en la imagen de economía más deteriorada de Europa después de Grecia. El paro registrado afecta a 4.048.000 personas y seguirá aumentando durante los próximos meses. Está justificada la reflexión, pero no caben ya más demoras, errores ni ambigüedades.