Tensión sin resolver

El ministro de Fomento, José Blanco, presentó ayer en el Congreso el nuevo modelo de gestión de los aeropuertos españoles con el objetivo declarado de aumentar su eficiencia y competitividad. La situación aeroportuaria es claramente insatisfactoria. Sólo nueve de los 48 aeropuertos que controla AENA tuvieron beneficios operativos en 2009 -Madrid-Barajas presenta unas pérdidas de 300 millones de euros y El Prat de 42 millones- y la deuda acumulada del conjunto asciende a 11.412 millones de euros. Mientras los aeropuertos con mayor tráfico pierden dinero, presumiblemente por soportar costes excesivos, los más pequeños obtienen beneficios escuálidos, insuficientes para soportar el sistema.

La propuesta de Fomento parte de un diagnóstico correcto -es necesario reducir costes- y acierta al prescindir de los controladores en los aeropuertos con menos de 50 operaciones diarias. Pretende separar las tareas de gestión de las de navegación y aporta una solución ecléctica al deseo de algunas autonomías (singularmente el caso de Cataluña y El Prat) de gestionar sus aeropuertos. La solución consiste en mantener una mayoría (el 51% de los derechos de voto) en manos de AENA en las filiales que se constituyan para gestionar los aeropuertos, dejar el 39% a representantes de las autonomías, ayuntamientos y cámaras de comercio, y reservar el 10% al capital privado. Blanco argumenta que las decisiones se tomarán por mayoría cualificada, lo cual convierte en muy valiosos todos y cada uno de los votos del 49% del consejo que no está en manos de AENA. Pero no convenció a CiU ni al resto de los partidos catalanes.

El problema es que las posiciones de Fomento y de los partidos catalanes no son conciliables. El ministro propone un sistema integrado, pensado para la operación de una compañía aérea dominante, Iberia. El modelo probablemente conseguirá reducir pérdidas y deuda imponiendo drásticos recortes del gasto en toda la red. El modelo que se le enfrenta es el de una gestión autonómica de cada aeropuerto que, en teoría, concedería margen a la competencia entre aerolíneas. Ambos son viables a condición de que se apliquen de forma homogénea; no caben mezclas de gestión integrada con capacidad autonómica plena de decisión. El plan Blanco constituye un intento voluntarioso de hacer partícipes a las autonomías en la gestión aeroportuaria, pero no parece suficiente para resistir las presiones del modelo de gestión local.