Aborto con consenso

La nueva ley del aborto se aprobó ayer en el Congreso con un amplio respaldo, incluyendo el del nacionalismo conservador vasco (PNV) y de dos diputados de Convergència i Unió, que había dado libertad de voto a sus parlamentarios. España se dota así de una ley de plazos equiparable a la existente en la mayoría de los países europeos.

Ha habido que esperar 24 años para ello. Ya cuando en 1985 se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en determinados supuestos se sabía que la norma quedaba muy corta frente a lo legislado por Francia e Italia, con gobiernos conservadores. Este nuevo proyecto es un paso que va a aportar mayor seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios, lo que reducirá el sufrimiento que todo aborto comporta.

Uno de los puntos más polémicos del proyecto gubernamental, que pretendía liberar a las jóvenes de 16 y 17 años de la obligación de contar con el permiso de sus padres o tutores, ha sido hábilmente solventado. El PSOE, deseoso de no perder el apoyo del PNV, pactó que tal obligación sea la norma general, salvo que la gestante alegue "peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos". El resultado es más que aceptable dado que, según los expertos, la mayoría de esas menores que deciden abortar suelen contar con el apoyo de sus familias. Las demás quedaban expuestas a una peligrosa intervención clandestina.

Más compleja resultará la aplicación de la objeción de conciencia. Se obliga a los profesionales que puedan tener relación con un aborto a que la manifiesten de manera personal, nunca colectiva. Sólo el tiempo dirá si se consigue romper la dinámica actual de algunos hospitales y comunidades autónomas enteras donde no se practica una sola intervención.

La nueva ley ha querido hacer honor a sus objetivos y a su nombre completo (Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la IVE) obligando a impartir educación sexual en los institutos, una medida positiva que persigue una sexualidad más responsable y reducir el número de abortos.

Finalmente, el respaldo obtenido por la nueva ley demuestra la pérdida de influencia de la Conferencia Episcopal Española, que ha utilizado la artillería pesada contra el proyecto gubernamental, incluso contra una formación política que se define, por boca de su presidente, como de "inspiración cristiana-humanitaria".