Entre el uso y el abuso

Las especiales características y flexibilidad de las que han sido dotadas las Sicav para evitar que las grandes fortunas se esfumen hacia los paraísos fiscales ha provocado varios debates sobre la legalidad de su uso.

En 2003, el Gobierno del PP con José María Aznar al frente, intentó una modificación para cambiar la tributación al 35% cuando un accionista concentrara más del 25% del capital, cosa que ocurría en 2.500 de las 3.000 existentes entonces en España. Pero no prosperó.

En 2005 la Inspección de Hacienda había levantado ya más de 40 actas de infracción a otras tantas Sicav, por una deuda tributaria total que superaba los 60 millones de euros.

La familia Lladró acumuló a través de algunas de sus sociedades la quinta parte del total reclamado por el fisco en aquellas fechas. Ese hecho generó una dura batalla entre Hacienda y la Comisión Nacional del Mercado de Valores al entender las autoridades tributarias que las sicav no cumplían las condiciones para el tratamiento favorable que les dispensaba el regulador bursátil. La principal crítica era que la condición de constituirse con cien socios se vulneraba sistemáticamente en la gran mayoría de esas sociedades.

Las gestoras vascas aseguran que se cumple la ley al 100%

Aquel enfrentamiento se saldó con una modificación legal que concedía finalmente el control a la CNMV. Es decir, las Sicav quedaron fuera del control de la inspección de Hacienda en territorio común y al margen de los inspectores de los departamentos de hacienda forales.

A juicio de los inspectores de Hacienda, lo más grave de la actual situación es que la Agencia Tributaria no tenga competencias para comprobar si las Sicav cumplen con todos los requisitos establecidos por la ley. "No se trata de un problema recaudatorio, sino de un problema de justicia", subrayan los inspectores del estado agrupados en Gestha.

Fuentes de las sociedades gestoras de este tipo de inversiones rechazan totalmente que se esté abusando de la normativa flexible que regula a las Sicav, y aseguran que, el menos desde el País Vasco se trabaja con un escrupuloso respecto a la legalidad vigente de todas las inversiones.