Bilbao veta a dos comparsas por apoyar a ETA en fiestas

El Ayuntamiento de Bilbao inició ayer el expediente sancionador que permitirá inhabilitar por dos años a otras tantas comparsas, asociadas a la organización Segi y las Gestoras pro Amnistía, respectivamente, por exhibir carteles y fotografías de apoyo a ETA en sus txosnas durante la Semana Grande de agosto. Tras analizar el informe encargado al afecto a la Ertzaintza, el consistorio basa su sanción en el incumplimiento de la ordenanza municipal de fiestas, que prohíbe mostrar simbología "que atente contra la dignidad de las personas, apoye el terrorismo y pueda hacer con ello peligrar la convivencia".

La capital vizcaína, gobernada por el PNV, se suma así a la política de tolerancia cero contra los violentos que mantiene el Ejecutivo autónomo. Un gesto que fue recibido con "mucha satisfacción" por la consejería vasca de Interior. La sanción municipal propone declarar "vacantes" los espacios festivos correspondientes a las comparsas sancionadas, ubicados junto al céntrico teatro Arriaga, y estudiar para ellos distintos "usos alternativos". La resolución plantea una inhabilitación por dos años que a partir de ese momento "se revisará", aunque abre un periodo de audiencia de 10 días antes de su elevación definitiva. Contra ella cabe interponer, además, un recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses.

Indemnización

La Abogacía del Estado, por otro lado, ha recurrido una moción de apoyo a los presos de ETA aprobada el pasado mes de julio en el Ayuntamiento guipuzcoano de Azpeitia, gobernado también por el PNV. El texto, aprobado con los votos de los tres grupos de la oposición (ANV, EA y Aralar), exige que se garanticen los derechos de los reclusos, la puesta en libertad de los que sufren enfermedades crónicas y el acercamiento del colectivo a las cárceles vascas.

En sentido inverso, la Administración ha indemnizado con 74.000 y 42.000 euros a dos manifestantes que perdieron un ojo y un testículo, respectivamente, como consecuencia de la carga efectuada por la Ertzaintza durante una marcha celebrada en septiembre de 2002 en Bilbao, bajo el lema Gora Euskal Herria. Los abogados de ambas víctimas han solicitado al nuevo Gobierno vasco que exija responsabilidades al Ejecutivo anterior.