Cuatro leyes fijan el nombre gallego

Para oficializar el topónimo castellano de un municipio gallego habría que cambiar tres leyes autonómicas, aseguró ayer la portavoz socialista Carmen Marón. Y en el caso coruñés, una cuarta, la que aprobaron por unanimidad las Cortes en 1998 y que establece A Coruña y Ourense como denominación oficial de las provincias. Los topónimos gallegos, reza esa ley orgánica, "gozan de plena aceptación popular por parte de los ciudadanos, que los usan a diario". Y añade que A Coruña y Ourense "aparecen ya escritas de esta forma en documentos que datan del siglo XIII, lo que supone un claro refrendo a la argumentación de que aquéllas responden a una realidad lingüística, histórica e incluso tradicional".

Además de reformar, como propugnan PSOE y PP de A Coruña, la Lei de Normalización Lingüística, oficializar el topónimo castellano también implicaría cambiar el texto legal de 1988 sobre el uso del gallego como lengua oficial por las entidades locales. Y modificar la Lei de Administración Local de Galicia, de 1997. Al Ayuntamiento, su batalla legal de casi 25 años por La Coruña le costó unos 300.000 euros. Y múltiples reproches de los tribunales, como la sentencia en 2005 que invalida su acuerdo municipal para oficializar el topónimo castellano amparándose en la Ley de Grandes Ciudades: "No se puede considerar de manera aislada, sino dentro de lo que es una opción política, rebelde al cumplimiento de las leyes y de las sentencias".