El CES critica la inseguridad jurídica y la indefinición de la ley eólica

La nueva ley eólica de la Xunta ha sido informada con reticencias por el Consello Económico y Social (CES). Prescribiendo la misma receta que aplicó la Consellería de Industria para suspender el concurso eólico del bipartito, el pleno del órgano consultivo aprobó ayer el dictamen del anteproyecto que prepara el departamento de Javier Guerra. En él, el CES reclama más seguridad jurídica para la nueva norma. También pide más claridad y definición en preceptos normativos y cuestiona la supuesta agilidad de los procedimientos de autorización y de declaración de utilidad pública para los futuros parques.

El pronunciamiento, preceptivo pero no vinculante, viene a añadir más incertidumbre jurídica el texto elaborado por Economía, que precisamente esgrimió en su momento "vicios de legalidad" para tumbar el decreto del bipartito por el que se admitían a trámite 2.325 nuevos megavatios de potencia eólica.En el pleno que aprobó el dictamen algunos de los vocales expresaron su malestar por el trámite de urgencia adoptado para valorar el anteproyecto. Se analizó también el contratiempo que puede generar la solicitud de un nuevo informe legal por parte de la consellería de Guerra a un despacho de abogados de Madrid, una vez que la asesoría jurídica de la Xunta ya se hubiera pronunciado sobre la anterior norma y marcado las directrices a seguir por el nuevo Gobierno.

El CES va más allá y, aludiendo a la situación que afronta el sector eólico, manifiesta en su dictamen "la necesidad de que en este procedimiento se garanticen al máximo los legítimos derechos de los administrados" y llama la atención sobre "la necesidad de evitar que se convierta en un lastre para el desarrollo futuro del sector". El órgano presidido por Pablo Egerique hace esta reflexión sin entrar a valorar la aplicación del nuevo régimen a los procedimientos en curso, en alusión a la judicialización del anterior proceso.

En sus consideraciones, y en referencia a la batalla política desatada por el polémico concurso, el dictamen del CES pide que se elimine de la exposición de motivos de la nueva ley referencias al anterior decreto "que son más propias de los ámbitos del debate partidario que del preámbulo del anteproyecto de una norma con rango de ley". El órgano consultivo no entra a valorar la conveniencia o no de fijar el canon ambiental, aunque esta figura impositiva sí es duramente criticada en el voto particular al informe emitido por los representantes de la Confederación de Empresarios de Galicia.

Criterios concretos

En concreto, el CES señala que en las pautas de valoración del concurso, "se deben especificar los criterios en mayor medida", con el objetivo de contar con una "mayor seguridad jurídica". Otro de los puntos del articulado, el 36, que hace referencia a los pasos a seguir para conceder las autorizaciones de los futuros parques, el órgano consultivo entiende que "se debería agilizar y clarificar la instrucción del procedimiento para evitar las demoras".

En esa misma línea, considera que el "desarrollo reglamentario de la presente ley debería establecer un plazo para la publicación de las solicitudes de declaración de utilidad pública, favoreciendo la agilización en la tramitación". El CES remitió ayer su dictamen a la Xunta.