El blindaje de las 'leyes' forales vascas reabre el pulso territorial
Tres autonomías limítrofes se oponen a la iniciativa del Parlamento de Euskadi, que ha enfrentado al PP vasco con el nacional y postergado a Patxi López

Está comprobado que la cuestión territorial es fuente de las mayores tensiones políticas en España. Sólo el anuncio de que el 13 de octubre el Congreso votará la toma en consideración del llamado blindaje de las normas fiscales vascas, defendido unánimemente por el Parlamento vasco, incluidos populares y socialistas, ha levantado las alarmas. Tres comunidades limítrofes con la vasca se oponen. Castilla y León, La Rioja y Cantabria, las dos primeras gobernadas por el PP y la tercera por el Partido Regionalista y los socialistas, se consideran perjudicadas por "competencia desleal".
Pero el blindaje, como sucede frecuentemente con las cuestiones territoriales, también divide internamente a los partidos nacionales. En este caso, sobre todo al PP, cuya dirección nacional ha anunciado que votará en el Congreso en contra de la voluntad de los populares vascos. El azar ha hecho que el PSOE, reticente en el pasado al blindaje de las normas forales, no haga "tabú" de la cuestión porque le facilita el apoyo del PNV a los Presupuestos, ya que los peneuvistas han puesto sobre la mesa negociadora este asunto como eje central.
La rebaja vasca del impuesto de sociedades, origen del problema
Pero con la aprobación del blindaje, el PSOE pagará el precio de remover dos leyes orgánicas, la del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional, "de mucha dificultad técnica", según la vicepresidenta, Elena Salgado, y, además, otorgar el protagonismo al PNV, que ha hecho bandera política de esta cuestión en detrimento del lehendakari, Patxi López.
- Conflicto territorial. La toma en consideración de la propuesta del Parlamento vasco de blindar las normas forales está inscrita en el Congreso desde el fin de la pasada legislatura, pero decayó sin verse. Al anunciarse su toma en consideración para el día 13, a la par que la negociación presupuestaria, ha reabierto el debate sobre los supuestos privilegios de la comunidad vasca sobre sus vecinas.
- "La competencia desleal". El llamado blindaje consiste en elevar a rango de ley las normas forales de las diputaciones vascas, de modo que sus denuncias por "competencia desleal" no puedan ser recurridas por otras comunidades o particulares ante los tribunales ordinarios. Estas denuncias contra las diputaciones vascas, que datan de hace 15 años, han sido la consecuencia de su rebaja del impuesto de sociedades (al disponer las diputaciones vascas de una capacidad normativa fiscal que no tienen otras comunidades) con la consiguiente atracción de empresas hacia Euskadi en detrimento de las comunidades vecinas. Si se consuma el blindaje, las comunidades autónomas sólo podrán recurrir ante el Tribunal Constitucional y no ante los tribunales ordinarios. Tampoco podrán hacerlo recurrentes habituales de ellas como sindicatos u entidades empresariales.
- El origen del conflicto. El origen de este conflicto data de 1993 y fue el Gobierno de La Rioja, presidido por el socialista Ignacio Pérez Sáenz, quien acudió por vez primera a los tribunales porque "el Gobierno vasco trabajaba activamente por llevarse a su territorio empresas de comunidades vecinas, celebrando reuniones en la Rioja y Castilla y León". Pérez Saénz sostiene que en los últimos años la situación se ha relajado. Recuerda que en 1999 el Gobierno de Aznar pactó con el PNV la retirada de más de cien recursos del Ejecutivo riojano, del PP. No obstante, las tres comunidades vecinas de la vasca tienen aún recursos pendientes ante los tribunales. Sólo Castilla y León tiene 11.
- Las comunidades afectadas. El presidente del Gobierno de la Rioja, Pedro Sanz (PP), denuncia el blindaje porque "va contra el principio de igualdad que ampara la Constitución". En parecidos términos se expresan portavoces de los Gobiernos de Cantabria y Castilla y León, vecinas de la vasca.
- El Gobierno vasco. El departamento de Economía del Gobierno vasco, hoy del PSE, defiende el blindaje porque, al elevar las normas forales a rango de ley, sólo pretende igualar sus competencias a las de los parlamentos autonómicos. Recuerda que la Constitución y las sentencias del Tribunal Europeo de Luxemburgo avalan el Concierto Económico vasco, del que emanan las normas forales. No obstante, admite que "en el pasado ha podido haber una aplicación abusiva de esas normas" por las diputaciones, controladas por el PNV entonces y hoy. Estas declaraciones de buena voluntad son insuficientes para que las comunidades vecinas renuncien a la posibilidad de recurrir ante los tribunales ordinarios que el blindaje les negaría.

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