El 'botellón' que acabó en asalto a la comisaría de Pozuelo era ilegal

El macrobotellón celebrado el pasado sábado en Pozuelo de Alarcón (Madrid) que dio origen a una batalla campal y concluyó con un duro enfrentamiento entre un grupo de 200 jóvenes y la policía era ilegal. El primer día de las fiestas patronales del municipio con la renta per cápita más alta de España se saldó con 10 policías heridos y 20 personas detenidas, entre ellos siete menores. Los jóvenes intentaron asaltar con piedras y botellas una comisaría de policía y quemaron varios coches policiales a su paso.

Unas horas antes, unos 4.000 jóvenes se concentraron entorno al recinto ferial para beber alcohol en la calle, como cada año durante las fiestas patronales. Esta actividad está prohibida por una norma regional. La ley 5/2002 sobre Drogodependencias, la llamada ley antibotellón, regula el consumo de alcohol en la calle y lo deja bien claro: "No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo en terrazas, veladores o en los días de fiestas patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal".

El municipio tenía la obligación de regular la celebración de las fiestas patronales y determinar dónde y cuándo está permitido beber en la vía pública. Sin embargo, el Ayuntamiento de Pozuelo olvidó redactar y aprobar la ordenanza para regularlo. La concejal de Cultura y Fiestas del municipio, África Sánchez, reconoce que "no hay una ordenanza concreta que regule las fiestas". Lo que sí hay, precisa, es "un acuerdo del pleno del Ayuntamiento que fija las fechas de comienzo de las fechas patronales".

13 jóvenes en libertad

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo ordenó ayer por la tarde la puesta en libertad de los 13 jóvenes mayores de edad detenidos el domingo durante los altercados, a la espera de nuevas diligencias que aclaren su participación en los hechos.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que señala que los jóvenes han declarado en calidad de imputados por desórdenes y atentado a la autoridad, aunque la juez no ha concretado formalmente a cada uno los hechos que se les atribuyen, a la espera de nuevas diligencias de investigación que confirmen los extremos de su participación.