Huida hacia adelante

De no corregirla el Tribunal Supremo, la interpretación que ha hecho el Tribunal de Justicia de Valencia del cohecho pasivo impropio en la causa contra Camps y tres altos cargos públicos del PP valenciano podría suponer la expulsión de hecho de este delito del ordenamiento jurídico. Quedaría burlada la voluntad del legislador, que quiso extender a través del artículo 426 del Código Penal el reproche a la conducta de la autoridad o funcionario que admitiera dádivas ofrecidas "en consideración a su función". Y se abriría un portillo a un tipo de corrupción política que debe ser penalmente sancionable, además de éticamente reprobable.

Frente a las dudas jurídicas suscitadas por la resolución, el PP trata de desacreditar por adelantado el recurso que va a presentar el ministerio fiscal con el pretexto de la inoportuna intervención de la vicepresidenta De la Vega anunciando ese recurso antes que la propia fiscalía. Una torpeza que no justifica la granizada de desautorizaciones sumarísimas por parte de dirigentes populares, incluyendo la desgraciadísima ocurrencia de la secretaria general, Dolores de Cospedal, de que el Gobierno persigue al PP en vez de a ETA. En otra huida hacia adelante, el PP sacrifica el respeto a las instituciones y las más elementales reglas de juego democrático con el único fin de desviar la atención de sus miserias. La vicepresidenta se adelantó a lo obvio: la fiscalía no podía quedarse de brazos cruzados en un caso de corrupción -el caso Gürtel- que ha investigado, junto al juez Garzón, desde el primer momento, a partir de la denuncia presentada por un ex concejal del PP en Majadahonda. El impulso de llevarlo hasta el final responde al inexcusable deber del Estado de cerrar el paso a la corrupción.

El recurso contra el archivo de la causa es obligado porque su fundamentación jurídica ciega la vía legal existente para combatir esa forma de corrupción que intenta condicionar las decisiones de la autoridad mediante dádivas o regalos. La increíble hipótesis del auto de archivo es que no hay relación entre los regalos de quienes aspiran a contratar con la Administración autónoma y la condición de Camps como máxima autoridad de esa Administración. Camps no tenía competencias directas para adjudicar los contratos a Álvaro Pérez El Bigotes, pero como presidente de la Generalitat ha nombrado a los consejeros que las tienen.

Todo ello tiene también una dimensión política. Caer en esa forma de chantaje sutil de una cuadrilla de profesionales del halago como arma de corrupción, ceder a la tentación ridícula de aceptar como regalo unos trajes a medida, negarse a dar explicaciones a la opinión pública, mentir con aplomo para negar los hechos aun siendo incapaz de justificar su versión, son rasgos difícilmente compatibles con la representatividad, dignidad y responsabilidad del presidente de la Comunidad Valenciana. Y eso lo sabe muy bien Rajoy, y también Cospedal.